Multas por violar la cuarentena: Seguridad sólo puede sancionar infracciones de tránsito

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La Dirección de Juzgamiento del Ministerio de Seguridad no riene facultad para intervenir en incumplimientos al decreto 15/2021.

El gobernador Jorge Capitanich fracasó en su intento por dictar una ley que imponga fuertes multas a quienes transgredieran las restricciones decretadas en el marco de la cuarentena contra el coronavirus desde mediados de marzo.

El proyecto no tuvo respaldo ni dentro de su propio bloque, por lo que decidió imponer las multas por su cuenta.

El pasado 11 de enero firmó el decreto 15/2021 fijando multas equivalentes a 10 salarios mínimos vitales y móviles a quienes organicen, promuevan y/o asistan a eventos no autorizados, y de 20 salarios mínimos a los propietarios o inquilinos de los lugares donde se realicen los eventos. Además, multas de 5 salarios mínimos a quienes circulen de cualquier modo durante la vigencia de la “alarma sanitaria”, más el secuestro del vehículo en que se movilizaran si fuera el caso.

El último jueves comenzaron los operativos, se montaron numerosos operativos en los que se labraron actas de infracción al decreto 15/2021 y secuestró decenas de vehículos de todo tipo por ese motivo.

El decreto designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Seguridad y Justicia, y describe vl procedimiento: la Policía labra las actas, y la Dirección de Juzgamiento Administrativo de Infracciones de Tránsito aplica las sanciones, entendiendo que se encuentra facultado por la Ley de Ministerios y el decreto que define la estructura orgánica.

Sin embargo, el mismo decreto 602/2020 asigna como función a la mencionada Dirección “realizar el análisis y verificación formal y jurídica de los instrumentos de constatación de las infracciones de tránsito labradas por la autoridad de control”.

Así, el mismo decreto 15/2020 desautoriza a la Dirección de Juzgamiento, ya sue ninguna de las transgresiones a la cuarentena descriptas y sancionadas constituye infracción de tránsito.

A esto se suma los cuestionamientos a la decisión del Gobernador de avanzar por decreto en un ámbito que él mismo consideraba que debía establecerse por ley, más el hecho de que el mismo Ministerio encargado de labrar las actas fuera el responsable de dictar sentencia, sin intervención de la Justicia.

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