Marcha atrás: Peppo reincorporó a la funcionaria de Tesorería que acababa de echar

La ex directora de Fondos y Cuentas Bancarias fue expulsada acusada de girar dinero público a cuentas de familiares y allegados. Sospechosamente, el Gobernador cambió de idea y decidió esperar un poco más.

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El Gobernador cambió de idea. Hace dos meses echó a una funcionaria por corrupción pero ahora la reincorporó y sólo le aplicó una suspensión.

El 18 de junio el gobernador Domingo Peppo firmó el decreto 1260, por el cual imponía la sanción expulsiva de cesantía a Nancy Isabel Junco, directora de Administración de Fondos y Cuentas Bancarias de la Tesorería General de la Provincia al considerarla autora de un “robo hormiga” mediante transferencias irregulares de fondos públicos a cuentas privadas.

La funcionaria era una de las personas habilitadas para operar el sistema de transferencias electrónicas de fondos y, según las conclusiones del sumario administrativo instruido para deslindar responsabilidades en su área, ella manejaba discrecionalmente esos fondos, direccionándolos en provecho propio.

En sus fundamentos, el decreto expone que entre el 29 de enero y el 4 de agosto de 2014, 21 de 58 transferencias realizadas por Junco fueron a la cuenta de Olegaria Romero, que sería su madre, por un monto total de 125.981,42 pesos. Y, estima que así se apoderó de al menos 235.210,93 pesos.

Pero la funcionaria recurrió la medida por considerar que la sanción administrativa no estaba fundada y que no podía dictarse mientras no haya sentencia en la causa penal 37712/14, caratulada “Fernández, María del Carmen S/Denuncia”, iniciada en su contra por el mismo motivo que disparó el sumario.

Juncos alega que la sanción se funda en circunstancias y hechos que no fueron acreditados y que aún están siendo evaluados en instancia judicial, y asegura que no hay pruebas para “disponer nada más y nada menos que su apartamiento deshonroso y patrimonialmente perjudicial del cargo que ejerció en su carrera administrativa cumplida por más de veinticuatro años, sin recibir jamás una sola sanción por ser su desempeño siempre respetuoso de las normas legales y de las órdenes e instrucciones del Tesorero General y de su delegada”.

Así expresa en los considerandos el decreto 1791, del 22 de agosto, por el cual el gobernador Domingo Peppo ordena hacer lugar “parcialmente” al recurso y reemplazar la sanción expulsiva de cesantía por la correctiva de 30 días de suspensión, en forma provisoria, hasta que se defina la situación de Junco en la causa penal.

Esto fue recomendado por la Asesoría General de Gobierno, la misma que recomendó al Gobernador la expulsión de Junto, aseverando que las instancias administrativa y judicial son independientes y que las conclusiones del sumario no necesariamente deben estar alineadas con el fallo judicial.

Pero quizás la respuesta al giro de 180 grados que dio Peppo para cambiar rotundamente de sentido en apenas dos meses, se funde en un sugestivo párrafo de la queja de Junco, analizado por la Asesoría General: para ella, el sumario en su contra y la expulsión fueron una represalia por haber denunciado mucho antes el manejo irregular de fondos en la Tesorería General de la Provincia, justamente a través del sistema home banking.

En la Casa de Gobierno los corrillos ironizan sobre el “robo hormiga” y el “robo elefante”.

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