Ley antipiquetes: Peppo copió tal cual el protocolo de Patricia Bullrich

El Gobernador presentó un proyecto de ley para modificar los “criterios de actuación” de la Policía en manifestaciones públicas, que fue copiado y pegado del procedimiento impuesto por la ministra de Seguridad de la Nación.

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El gobernador Domingo Peppo tuvo una idea idéntica a la de la ministra Patricia Bullrich para abordar los cortes de calles y rutas.

El “Protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en manifestaciones públicas” que la ministra de Seguridad de la Nación firmó el 17 de febrero de 2016 en Bariloche, fue más que una inspiración para el gobernador Domingo Peppo que lo calcó y presentó como proyecto de ley del Poder Ejecutivo ante la Legislatura provincial para modificar los artículos 2, 3 y 7 de la Ley 2399 J “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas”.

Los nuevos “Criterios mínimos…” propuestos por el Gobernador demuestran que la Provincia no tiene un mínimo criterio, ya que, salvo algunos retoques estrictamente referidos a la jurisdicción, como reemplazar “federal” por “provincial”, el resto de la “ley antipiquetes” es idéntico al “protocolo Bullrich”, que oportunamente fuera blanco de un fuego cruzado de críticas de múltiples los sectores sociales, sindicales y políticos.

El protocolo nacional dice que “se establecerá un espacio de negociación para que cese el corte y se dará aviso a la Justicia, y lo mismo señala el proyecto del Ejecutivo chaqueño, y siguen concatenándose las “coincidencias” que arrancan ya en los fundamentos.

Por sí o por no

Para la Nación, “resuelto positiva o negativamente la negociación, el Jefe del Operativo de Seguridad impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, deberán retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación. Se advertirá que ante el incumplimiento de dicha instrucción, se encontrarán incursos en el artículo 194 del Código Penal, y en su caso, en las contravenciones previstas en cada jurisdicción”.

Y el proyecto de Peppo dice que “una vez que los líderes de la manifestación o concentración hayan sido escuchados en sus pretensiones, sin perjuicio del resultado de las mismas, el Jefe del Operativo de Seguridad impartirá la orden a los manifestantes a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que desistan de cortar las vías de circulación de tránsito, quienes deberán retirarse y ubicarse en la zona determinada por la autoridad local para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación, bajo apercibimiento de incurrir en el art. 194 del Código Penal, y en las faltas y contravenciones previstas en el Código de Faltas de la provincia”.

“Intervenir” y “disolver” la manifestación

“Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los Códigos de procedimiento Penal de cada jurisdicción, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación”, reza la Nación.

Y la Provincia: “Ante el incumplimiento de la orden recibida, se les solicitará a los manifestantes que depongan el corte… bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal de la provincia, debiendo notificar al Magistrado competente, procediéndose a intervenir la manifestación…

Fuerte y claro

“Las instrucciones de la autoridad policial se harán por medio de frases cortas y claras.

El personal de las FFSS no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes. El uso de la fuerza debe limitarse siempre al mínimo posible, como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública y ante situaciones de legítima defensa. El uso de la fuerza debe respetar los principios de legalidad, oportunidad, último recurso frente a una resistencia o amenaza y gradualidad”, dice el protocolo Bullrich.

Y el protocolo Peppo repite: “Las instrucciones de la autoridad policial se harán por medio de frases cortas y claras. El personal de las FFSS no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de los manifestantes. Se deberá limitar el uso de la fuerza como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública y ante situaciones de legítima defensa”. Deberán además respetar los principios de legalidad, oportunidad, de último recurso frente a una resistencia o amenaza, y de gradualidad”.

Todo registrado

El protocolo nacional dice que “en la medida de las posibilidades, se procederá a la filmación (video y audio) y fotografía de los operativos, para el caso de ser requeridas posteriormente por la Justicia, o permitan evaluar el desempeño del personal interviniente”. Mientras Peppo propone que “en la medida de las posibilidades, se procederá a la filmación (video y audio) y fotografía de los operativos, para el caso de ser requeridas posteriormente por la Justicia, o que permitan evaluar el desempeño del personal interviniente”.

La prensa

El protocolo nacional pone límites a la prensa y le dedica el Capítulo 3: “De los medios de comunicación: La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento. El material y herramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas”.

Y, por su parte, el Gobernador propone: “La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento.

El material y herramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas.”

Daños, detenciones, demandas

El protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación reza que “si entre los manifestantes se encontraren personas y/o grupos de personas que inciten a la violencia y/o porten elementos contundentes y/o armas de cualquier tipo, o utilicen fuego, combustibles, elementos explosivos o inflamables, agentes químicos, pirotecnia, o cualquier otro artículo que pudiere dañar la integridad de las personas, de los miembros de las FFSS, los bienes que se encontraren en el lugar de la protesta, y el medioambiente, las FFSS procederán a aislar e identificar a dichas personas, tomar las medidas necesarias para prevenir la posible comisión de delitos y proceder al secuestro de los elementos contundentes”. Y que “si se provocaren daños con motivo u ocasión de la manifestación se procederá a detener a los autores del hecho… dándose inmediata intervención al Juez o Fiscal competente. Sin perjuicio de ello se promoverá la acción civil contra el causante del daño, la entidad con personería jurídica o gremial a la que pertenezca, contra sus representantes legales o administradores de hecho y/o contra quien corresponda, con el objetivo de que se repongan los bienes dañados”.

Mientras el proyecto del Poder Ejecutivo provincial repite que “si entre los manifestantes se encontraren personas que inciten a la violencia y/o porten elementos contundentes y/o armas de cualquier tipo, o utilicen fuego, combustibles, elementos explosivos o inflamables, agentes químicos, pirotecnia, o cualquier otro artículo elemento que pudiere dañar la integridad de las personas, del cuerpo policial o de las FFSS, de los bienes que se encontraren en el lugar de la protesta, y del medioambiente; se procederá a aislar e identificar a dichas personas, y a tomar las medidas necesarias para prevenir la posible comisión de faltas y de delitos, procediéndose al secuestro de los elementos contundentes”. Y que “si se provocaren daños a las personas o a los bienes con motivo u en ocasión de la manifestación se procederá a detener a los autores del hecho y a ponerlos inmediatamente a disposición del Fiscal de Investigación en turno o Juez competente. Y agrega que “en el supuesto de que provoquen daños a bienes del Estado, se promoverá la acción civil correspondiente contra el que ocasionare el daño, contra la entidad con personería jurídica o gremial a la que pertenezca, contra sus representantes legales o administradores de hecho y/o contra quien corresponda, a fin de que se repongan los bienes dañados”.

 

 

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