Lavado 1: los padres de Paulo Buttice niegan que haya certificado pautas truchas

Dijeron que era el Fappo el responsable de certificar el cumplimiento de los contratos de publicidad y que a su hijo le llegaban los certificados cerrados, listos para su firma.

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Paulo Butticé fue detenido el 27 de marzo, sindicado como parte de la organización que se apropiaba de fondos destinados a la publicidad oficial.

Eduardo Buttice y Elena González Thomas, padres del exsubsecretario de Políticas Comunicacionales de la Provincia: Paulo Buttice, deslindaron cualquier responsabilidad de su hijo en los hechos que se investigan en la causa Lavado 1, en la que permanece imputado por al Justicia Federal y detenido desde el 27 de marzo por decisión de la Justicia provincial que investiga los delitos precendentes.

Para los fiscales, el exfuncionario, que se desempeñó desde la asunción de Domingo Peppo como gobernador, hasta diciembre de 2017, fue el responsable de “certificar” la prestación de los servicios de publicidad contratados por la Provincia a través del Fideicomiso de Administración de Pautas Publicitarias Oficiales (Fappo).

Hasta el momento, la investigación detectó unas 200 certificaciones por un importe superior a los 60 millones de pesos, por un servicio de publicidad que no se habría prestado o cuyos prestadores no estaban debidamente acreditados.

Por esto, los fiscales entienden que ese dinero fue a parar a organizaciones, agencias, fundaciones y medios “fantasmas” que conformaban le red creada por una asociación ilícita de la que formaban parte varios funcionarios, allegados y empresarios, entre ellos Paulo Butticé, en la que aparece como la figura más importante el exsecretario general de Gobierno: Horacio Rey.

Contra esto, los padres del exfuncionario explicaron que los hechos que las acciones que se le imputan excedían su función, que consistía en a producción, edición y difusión de la comunicación oficial del Gobierno, principalmente referida a las actividades del Gobernador.

Según su entender, la certificación de los servicios publicitarios contratados a través del Fappo eran responsabilidad de ese organismo y que era imposible que él ingresara datos falsos o de cualquier naturaleza, ya que recibía los certificados listos para su firma al final de un procedimiento que entendía de buena fe.

Por esto, consideran injusta su detención, pero además rechazan el argumento del riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación esgrimido al ratificársele la prisión preventiva.

 

 

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