Lavado 1: falta de mérito para Ocampo y Echezarreta y procesamiento y embargo para los demás

La juez Niremperger todavía no encontró vínculos con el lavado de dinero, pero giró las actuaciones a la Justicia provincial para investigar los delitos precedentes. Ismael Fernández, Ramón Chávez y Cristina Dellamea seguirán presos.

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La juez Niremperger dictó la falta de mérito para Echezarreta y Ocampo, dos ministros de Peppo.

La juez federal Zunilda Niremperger dictó la falta de mérito para el ministro de Hacienda y Finanzas: Cristian Ocampo, y el de Infraestructura y Servicios Públicos: Fabián Echezarreta, en la causa Lavado 1, en la que se investiga el desvío de fondos públicos a través de pautas publicitarias y obras públicas, en la que hay varios funcionarios y exfuncionarios provinciales imputados y detenidos.

En el mismo acto, dejó sin efecto el pedido de detención de Echezarreta, para el que había solicitado a la Legislatura su desafuero, un proceso que se inició paralelamente al pedido de juicio político formalizado por el coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela: Rolando Núñez.

Para la juez, no hay evidencia suficiente en la investigación para entender que Ocampo y Echezarreta hayan intervenido en el delito de lavado de dinero que persigue la Justicia Federal. Pero giró las actuaciones por entender que pudieron haber tenido algún grado de participación en la configuración de los denominados “delitos precedentes” que investiga la Justicia provincial.

En este último aspecto, tomó en cuenta que los otros tres imputados incluidos en el último requerimiento del fiscal Patricio Sabadini fueron procesados, se les trabó embargo e inhibieron sus bienes y seguirán detenidos, habrían sido beneficiados con la adjudicación de obras públicas.

Así, Ismael Fernández, extitular de la Unidad Ejecutora Chaco Construye y hermano de Susana Fernández, exsecretaria privada del gobernador Domingo Peppo y esposa del exsecretario general de Gobierno: Horacio Rey, fue procesado y continuará detenido. Al igual que su sobrina Cristina Dellamea y su socio Ramón Chávez, ambos sindicados como “testaferros” de la organización.

A Fernández y a Chávez fueron embargados por 50 millones de pesos, y Dellamea por 100.

 

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