Las cosas por su nombre: estado de sitio, toque de queda, represión, discriminación

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La Policía lleva más presos a las comisarías repletas amparádose en la pandemia.

Por Darío Zarco |

Capitanich cumplió los primeros 100 días de su tercer gobierno en medio de una pandemia de coronavirus. Su objetivo, como el de todos, es capearla, salir indemne, a lo que él agrega: fortalecido. Prioriza su integridad política y electoral.

“Cerramos las escuelas a los 16 días”, dijo, comparando sus medidas con las adoptadas en otros países, incluso en éste. Pero salteó un detalle: las escuelas ya estaban cerradas porque los padres ya no mandaban sus hijos y los docentes llamaron a un paro.

Acostumbrado a exigir autoridad moral y “cerrar la boca” a sus detractores, en 2 días pasó de abrir las escuelas de par en par, a decretar el estado de sitio y ordenar arrestar a quien no acate las nuevas reglas inspiradas en la pandemia.

Estado de sitio es mala palabra, nadie quiere ponerle el gancho, y menos en vísperas del aniversario del golpe. Por eso tanto él en el Chaco, como el Presidente Alberto Fernández en la Nación, apelaron a “cuarentena obligatoria” y otros eufemismos.

Pero este estado de sitio virtual es inconstitucional. “No estamos violando garantías constitucionales”, mintió Capitanich. No se pueden suprimir derechos acusando a alguien de contagiar una enfermedad que no se sabe si tiene, sin la arbitrariedad del estado de sitio.

Desde el decreto 432, la Policía “levanta” gente en la calle a ojo de buen cubero (discriminador) para batir récord de detenciones, con efectivos sin medidas de prevención del contagio, con patrulleros y comisarías que no saben de desinfección.

Los distraídos son esposados con las manos atrás, subidos por 4 policías a la caja del patrullero con 5 desconocidos, y todos, previo paso protocolar por Sanidad Policial, terminan en una comisaría con 40 presos más y otros 15 policías.

“Ya no hay lugar para un preso más”, dijo el procurador general Jorge Canteros. Como se dice: es más caro el remedio que la enfermedad. Las comisarías y las alcaidías están atiborradas, un abono ideal para germinar el coronavirus.

Y hay más: “Podemos implementar un toque de alarma por la noche”, dijo el Gobernador, lo que traducido significa “toque de queda”. Aunque ya lo aplicó. Casi todos los comercios están cerrados y los que siguen abiertos tienenrestringidos horario y capacidad.

Pero los call centers siguen abiertos. Los “condicionó” a utilizar el 50 por ciento de su “capacidad instalada”. Ergo: donde antes había 200 operadores ahora hay 100 y no pueden salir a la vereda. Adentro los atrapa el coronavirus y afuera la Policía.

Obligatorio es obligatorio. El fiscal Gustavo Valero impuso arresto domiciliario a un médico que violó el aislamiento en Sáenz Peña. Pero también ordenó aislamiento para los policías que tomaron contacto con el médico. Se llama “sentido común”.

Pero una muestra de sentido común no alcanza.

Cerraron los bancos para evitar la aglomeración de clientes que ahora se agolpan en los cajeros automáticos, y después de 2 horas de cola terminan encerrados en un cubil contaminado manipulando el mismo aparato que el resto del mundo.

Recomendaron alcohol en gel y subió el precio. El Gobierno intentó retrotraerlo por arte de magia en vez de distribuirlo gratuitamente como distribuyó sidra en Navidad. “Lo mejor es lavarse las manos”, dijo Capitanich, mientas confirmaba nuevos infectados.

Todos los días se aguarda el score de casos positivos del Instituto Malbrán. El Gobierno del Chaco en vez de asumir las estadísticas las da vuelta hasta encontrar algún factor “favorable” para destacar, al punto de quedarse con los resultados negativos.

Recién comienza el otoño. No es hora de dibujar. Con la descentralización de las pruebas de laboratorio se multiplicarán los casos. La combinación de falta de síntomas y tiempo dan un resultado impredecible. Ahí radica la importancia de la cuarentena.

Los decretos que reglamentan la cuarentena obligatoria y el aislamiento social, según el caso, para frenar el coronavirus, eximen de la obligatoriedad de la cuarentena a los funcionarios públicos pero no los obliga a violarla.

El Gobernador y una legión de funcionarios inspeccionaron las obras preliminares para el montaje de las salas modulares en el Perrando. Pero sólo el ministro de Infraestructura: Juan Manuel Carreras, por obvias razones, tenía coartada para una foto.

Los demás estaban violando los decretos provinciales y nacionales contra la pandemia, y los artículos 202, 203, 205 y 239 del Código Penal. La Policía debió esposarlos atrás, subirlos al patrullero, darles una vuelta por Sanidad y tirarlos en una comisaría. Y cagarlos bien a palos para que aprendan a no salir de su casa al pedo.

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