La Policía se despega de la muerte del condenado por el caso Roseo

Claudio Gómez, de 46 años, intentó fugarse y fue abatido en un descampado a metros de la Alcaidía. Se había dicho que cayó en un tiroteo con la Policía, pero esta fuerza niega que sus efectivos hayan hecho disparo alguno.

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Un disparo en el glúteo derecho, una de las heridas que presentaba el cadáver de Claudio Gómez.

La Policía de la provincia negó participación alguna en la persecución de Claudio Gómez, uno de los condenados a perpetua por el crimen de Manuel Roseo y Nélida Bartolomé, que el último sábado por la tarde en un confuso episodio en el que se habría fugado de la Alcaidía de Resistencia.

Según las primeras versiones, a las 18.30, efectivos policiales que habían acudido en apoyo de sus camaradas del Servicio Penitenciario, intercambiaron disparos con Gómez y, en esas circunstancias, éste habría caído abatido.

Sin embargo, la Policía emitió un parte oficial en el que asegura que sus hombres se limitaron a realizar un apoyo externo trazando un perímetro a la zona, pero que ninguno de ellos efectuó disparos. Pero, además, asegura que cuando la primera comisión policial llegó al lugar, Gómez ya había sido trasladado de urgencia al hospital Perrando.

La única acción desplegada por los efectivos de la Policía en el lugar fue examinar ante la presencia de un testigo el descampado donde habría caído Gómez, frente a la Alcaidía, a unos 20 metros de la avenida Ushuaia. Ahí dijeron que se encontraron con personal de la Policía Rural, cuyo destacamento se encuentra lindero a la Alcaidía pero el parte subraya que tampoco estos intervinieron en el tiroteo.

En el descampado hallaron “objetos varios” y un revólver calibre 22, de ocho alvéolos, con seis vainas servidas y dos proyectiles, uno de ellos percutados. De inmediato arribaron peritos del Gabinete Científico del Poder Judicial para abocarse al examen del lugar.

Alrededor de las 19.10, la lluvia los obligó a trasladarse a la sede de la Policía Rural para continuar con las tareas. En ese momento arribó la fiscal Carmen Beatriz Scarpín, quien se interiorizó del episodio y ordenó el secuestro de las armas del personal del servicio penitenciario y de la Policía Rural que intervinieron en la persecución.

 

 

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