La Policía prohíbe dar información a la prensa para evitar la “viralización”

El jefe de Policía, Ariel Acuña, a propósito de un pedido de la fiscal Scarpín, reeditó la Orden General 1/17 que prohíbe a todos los efectivos policiales brindar información a periodistas.

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La fiscal Beatriz Carmen Scarpín remitió el pasado 19 de abril una nota al jefe de la Policía, el comisario Ariel Acuña, solicitándole que transmita a los jefes de unidades policiales que deberán arbitrar los medios necesarios a fin de no suministrar información a la prensa sobre delitos contra la identidad sexual. Con el objeto de “brindar protección” a las víctimas, “conforme las convenciones internacionales a las que nuestro país a adherido” y a los fines de “no entorpecer la investigación”.

Por esto, el 21 de abril los directores enviaron a los jefes de Zona y Unidades a su cargo sendas notificaciones adjuntando copia de la nota enviada por la fiscal y la advertencia de que está en plena vigencia la Orden General 1/17, firmada por Acuña, que busca evitar la “viralización” a través de las redes sociales de imágenes de procedimientos y hechos policiales, y prohíbe suministrar información a la prensa.

El documento obliga que “el superior que se haga presente en el lugar del hecho y quede a cargo del procedimiento, deberá controlar que los efectivos apostados en el sitio no realicen tomas fotográficas ni fílmicas del incidente ni de sus actores”.

Paralelamente, remarca que “queda terminantemente prohibido a todo personal policial proporcionar información de cualquier índole so publicar imágenes o videos relacionados a estos hechos, a efectos de evitar supuestos y/o informes preliminares que a la postre puedan resultar falaces o disímiles con la ocurrencia real de los eventos, evitando la circulación de información maliciosa entre la ciudadanía, sobre datos alejados de la realidad y que pueden impactar en ellos y también entorpecer las investigaciones judiciales pertinentes”.

Finalmente, advierte que el incumplimiento de esta orden derivará en el inicio de actuaciones judiciales y administrativas.

Aunque el objetivo, según se especifica, es evitar la desinformación o la mala información, se puede interpretar que el principal objetivo es frenar la viralización de hechos policiales y el riesgo de amplificar la tan mentada “sensación” de inseguridad.

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