La Legislatura rechazó el veto parcial de Peppo a la ley del Escalafón General

La Cámara de Diputados insistió en la sanción original de la Ley 7749, que había sido vetada parcialmente por el gobernador Domingo Peppo. Los legisladores alegaron la intención de “evitar cuestiones que perjudiquen a los trabajadores de la administración central”.

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La Justicia entiende que la Legislatura sancionó una ley a medida para que el Gobierno evitara el pago de las sentencias.

La justicialista Beatriz Bogado, en su condición de titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, fue la encargada de exponer los argumentos del rechazo al veto. “Hemos insistido en el texto original de la ley, esto quiere decir que no se ha dado lugar al veto parcial a la sanción legislativa 7749, de la administración pública central, en ese sentido la comisión de Hacienda ha trabajado en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda para justamente evitar cuestiones que perjudiquen a los  trabajadores públicos”, introdujo.

La legisladora especificó que “el artículo 11, uno de los vetados,  está referido a la bonificación de auxiliares de enfermería, y plantea que aquellos auxiliares de enfermería que no estén ubicados en el lugar que les corresponde en el escalafón, también pueden cobrar esta bonificación. Ahora, con la ratificación de la letra original, estos auxiliares que ya están cobrando van a poder continuar percibiendo su bonificación”.

El artículo 34 fue otro de los tachados por el Ejecutivo. Está referido al cálculo de la bonificación por adecuación escalafonaria creada por el artículo 33 para los casos en que estén subrogando cargos, esto involucra jefes de departamentos y directores de la administración pública central.

“Tenemos la situación de que hay cientos de trabajadores que están subrogando tanto jefaturas como direcciones y que iniciaron el reclamo para cobrar de acuerdo con lo que plantea el texto original de la ley, en ese aspecto ya hubieron muchos reclamos que han sido resueltos favorablemente, porque así lo plantea la ley y han sido abonados, en ese sentido queda un margen de trabajadores que no terminó su expediente administrativo de reclamo e hicimos un cálculo administrativo que eso sería más o menos una deuda de entre 8 y 15 millones de pesos”, expuso Bogado.

La diputada insistió en que “hubo un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para ratificar el texto original, tanto para tranquilidad de los trabajadores que están involucrados en reclamos administrativos, confirmando que, concluido el trámite administrativo, van a poder cobrar esa diferencia en esta bonificación conocida en la administración pública como el código 205”.

 

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