La justicia que queremos

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Por Mariano Sebastián Moro |

Mucho se habla en estos días sobre las mejoras que el derecho penal reclama, la necesidad de seguridad por parte del estado y la eficacia del servicio de justicia. Varios meses estuvo la opinión pública movilizada por la instauración del juicio por jurados impulsado por el gobierno que finalmente se materializó en una ley, o sea toda la estructura legislativa con el gasto en personas y recursos públicos  que ello presupone, para una ley que nadie entiende ni quiere y que por lo demás nunca fue llevada a la práctica.

Por otro lado tenemos la realidad de lo cotidiano. Un joven de diecinueve años que por una discusión callejera con su exnovia, y gracias a los logros de la ley de género y la falta de herramientas y voluntad de los funcionarios a cargo del proceso penal para entender la problemática, pasa una semana detenido en una comisaría y es tratado como un peligroso criminal, indica claramente la total ineficiencia de la justicia penal chaqueña.

El problema que sin duda es complejo y obedece a varios factores no puede ser desatendido ni por las instituciones judiciales ni por los sectores intermedios ni por la sociedad en su conjunto. Dos aspectos esenciales: en primer lugar demanda un profundo debate sobre la aplicación del concepto de “género” como agravante de los tipos penales. Sin duda que cuando existe una situación de abuso y sometimiento corresponde aplicar los aspectos propios de la vulnerabilidad de la situación pero si los funcionarios judiciales no tienen capacidad de análisis ni discriminan las situaciones basándose mecánicamente en criterio sexista, el daño que se causa al tejido social es muy grave. Por otro lado tenemos la obligación como sociedad de proteger a nuestros jóvenes.

El abuso del sistema judicial a los sectores más desprotegidos debe ser urgentemente modificado. No podemos seguir con un sistema penal propio del siglo XIX so pretexto del cumplimiento de la formalidad procesal, sólo mantenemos una clara máquina de picar carne. Es deber de los funcionarios judiciales actuar con razonabilidad teniendo como norte el respeto al ser humano.

El derecho a un ambiente sano no solo se refiere a la cuestión ecológica sino también a la cuestión social y a la calidad de las instituciones que deben garantizar un ambiente apto para que se desarrolle la vida en respeto de los derechos fundamentales del hombre.

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