La Justicia ordenó reincorporar a los penitenciarios echados por la revuelta de 2013

23 efectivos que se desempeñaban en el Complejo Penitenciario II, de Presidencia Roque Sáenz Peña habían sido expulsados por un decreto del Gobernador en abril último. Presentaron un amparo y el juez Sinkovich les dio la razón.

28833
23 penitenciarios fueron consentidos por la Justicia y deben ser reincorporados inmediatamente. Habían sido echados por el gobernador Domingo Peppo tras el sumario interno iniciado por la revuelta de 2013.

El oficial subayudante Leonardo Andrés Lemos; el cabo primero Raúl Norberto Ramírez; los cabos Pablo Darío Ponce y Miguel Alberto Leguizamón; los agentes Walter Edgardo Sandoval, Walter Raúl Molina, Marcelo Rubén Romero, Víctor Rafael Benítez. Tránsito Gilberta Vallejos, Gastón Alberto Gómez, Aldo Alfredo Vidaloff, Miguel Luis Sosa, Carlos Guillermo Vera, Elvio Daniel Borda, Fabio Emanuel Zarate, Cesar Gabriel Alderete. Sebastián Leonel Cabrera, Fabricio Alberto Ruiz Díaz, Rodolfo Agustín Córdoba, Rafael Marcelo Fernández, Fabio Darián Segovia, Paulo Daniel Medina Ríos y Néstor Fabián Jovasevich, que prestaban servicio en el Complejo Penitenciario II, de Presidencia Roque Sáenz Peña, obtuvieron una sentencia favorable en el amparo solicitado después de haber sido exonerados de la fuerza por el Estado provincial por la protesta de diciembre de 2013.

La resolución de la causa “Leguizamón y otros contra el Poder Ejecutivo Provincial por acción de amparo”, dictada por el juez Civil y Comercial N° 6 de Resistencia, Jorge Sinkovich, el 12 de octubre, anula el decreto firmado en abril pasado por el gobernador Domingo Peppo y el ministro de Gobierno, Juan José Bergia, que impuso la sanción expulsiva de cesantía. Y ordena que los efectivos sean reincorporados a la fuerza en el término de dos días.

Al fundar su decisión, Sinkovich expresa que “no existen dudas que la acción de amparo el cual tiene su basamento por la normativa constitucional suprema integrada por la Constitución Nacional, los tratados sobre Derechos Humanos a los que hace referencia y leyes dictadas en su consecuencia hacen obligatorio el control de constitucionalidad, y el garantizar los derechos contenidos en la Carta Magna y tratados internacionales sea protegido de modo efectivo. En consecuencia corresponde dejar sin efecto el Decreto Nº 596/16 por los fundamentos expresados, debiendo reincorporar a los amparistas al estado policial que ostentaban antes del dictado de la misma, lo cual debe ser informado a esta jurisdicción en el plazo de dos (2) días, debiendo librarse Mandamiento respectivo de conformidad a las previsiones de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Nº 4.297”.

Ante el incumplimiento de lo dispuesto por el juez, los penitenciarios anunciaron que evalúan iniciar nuevas acciones ante la desobediencia judicial en la que incurrió el Poder Ejecutivo.

 

Comentarios

comentarios