Judiciales contra las quitas: estudian demanda por malversación de fondos

El juez Víctor Del Río reiteró que las quitas a los montos definidos en las sentencias son confiscatorios y alertó sobre otra ola de demandas contra el Estado. Remarcó que el dinero del crédito sólo puede ser destinado al pago de las sentencias.

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El juez Víctor Emilio Del Río volvió a describir como “un cachetazo muy fuete” la decisión el Gobierno provincial de aplicar quitas de hasta el 50 por ciento a las sentencias que favorecen a trabajadores y funcionarios judiciales que iniciaron demandas contra el Estado por haber sido soslayados de la ley de enganche en 1991.

“Cuando uno tiene una sentencia ganada, en la que se reconoce que sus derechos fueron violados y se le otorga una compensación por esa violación, eso equivale a un título de propiedad y cualquier cercenamiento es confiscatorio”, explicó en “Las cuarenta”, por Radio Facundo Quiroga.

Ahora, al cabo de 25 años de haber perdido todas las instancias y haber apelado a todos los artilugios posibles con el único fin de dilatar la definición, primero, y evitar hacer frente a la sentencia después, ofrece una alternativa de pago que consideramos inaceptable”, dijo el juez.

“El dinero está disponible, sólo resta que el Estado pague como corresponde”, dijo el magistrado y advirtió que las quitas configuran el delito de malversación de fondos, teniendo en cuenta que los fondos para el pago de las sentencias se obtuvieron mediante un crédito aprobado por ley con ese fin específico.

“Cuando se estaba discutiendo la ley para la obtención del crédito pedimos que se nos permita hacer un aporte, pero no fuimos escuchados. Al contrario, no nos permitieron ingresar a trabajadores y funcionarios judiciales pero permitieron el ingreso de personas armadas que terminaron tiroteándose en la puerta de la Legislatura”, dijo al recordar aquella dramática sesión que terminó en un descomunal disturbio con heridos de bala.

Siete “chicanas” en un año

El juez Del Río, que al momento de iniciar la demanda era empleado del Poder Judicial, admitió que “quizás algunos acepten por necesidad, porque están pasando una mala situación económica o de salud”, al considerar que la gran mayoría de los demandantes se jubilaron o están a punto de jubilarse, y muchos de ellos ya fallecieron.

Particularmente, contó que en su caso, la sentencia favorable está en instancia de ejecución desde hace un año y medio, y que en ese tiempo la Fiscalía de Estado interpuso siete acciones y perdió todas. Y denunció que esta maniobra del Estado pretende evitar el cumplimiento de la sentencia retrotrayéndose a cuestiones que ya fueron resueltas incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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