Judiciales denuncian un manejo irregular del crédito para el pago de las sentencias

Víctor Del Río dijo que le mostrarán al gobernador Peppo “los papeles” que prueban que los fondos se están administrando “al margen de la ley” y advirtió la posibilidad, incluso, de la comisión de delitos. “Lo están asesorando mal”, dijo.

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El juez Víctor Emilio Del Río dijo coincidir plenamente con el fallo de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial que declaró la inconstitucionalidad de la ley de emergencia 7751 y, consecuentemente, del decreto reglamentario que dispone el pago con quitas de las sentencias de los juicios ganados por trabajadores y funcionarios judiciales al Estado. “No se puede legislar sobre sentencias firmes ni dictar una ley de emergencia sólo para un sector con el único objetivo de no pagar legalmente los juicios”, argumentó en una entrevista en El Oído Absoluto, en La Radio.

“Se le pretende dar una argumentación política a una cuestión jurídica”, dijo Del Río al lamentar que el Gobierno insistiera en la constitucionalidad de la ley, algo que para él es imposible de demostrar.

No obstante, evaluó la posibilidad de que el Superior Tribunal de Justicia dictaminara a favor del Poder Ejecutivo: “En ese caso tendríamos que archivar el título de abogados porque eso iría contra todo el orden jurídico”, graficó.

El funcionario calculó que la demora en el cumplimiento de las sentencias genera unos 80 millones de pesos de interés, y que dilatar el pago sólo incrementará la deuda. “Es un desatino que genera más costo para el Estado. Triar la pelota para adelante sólo generará más deuda”, advirtió.

Sospechoso manejo de los fondos

“Sacaron un crédito para pagar las deudas, y lo justificaron con una planilla de liquidación, pero ahora que está toda la plata en la Provincia pretenden darle a otro destino”, denunció Del Río.

Y aunque prefirió reservarse precisiones al respecto, hasta tanto se reúnan con el gobernador Domingo Peppo esta semana, advirtió que “podríamos estar incluso ante la comisión de delitos”.

“Nos enteramos de cosas gravísimas sobre cómo se manejan los fondos; espero que el fiscal de Estado sepa esto y actúe en consecuencia, porque el fiscal de Estado no representa al Gobernador ni los intereses personales de los funcionarios, sino los intereses de la Provincia.

Del Río dijo que el grupo de demandantes denominado “autoconvocados”, solicitó una audiencia al Gobernador y que éste prometió reunirse con ellos esta semana.

“Pasaron muchas cosas irregulares desde ingresaron los fondos a las arcas del Estado, y tenemos documentación de ello”, dijo el juez. “El dinero tiene que ingresar legalmente, a cuentas estatales, no puede ingresar a cuentas privadas ni intervenir en negocios privados”, ilustró, dejando entrever sus sospechas sobre la administración de los 4000 millones de pesos del crédito autorizado por la Legislatura.

Lo están asesorando mal

“Queremos mostrarle los papeles al Gobernador. Pedimos reflexión y cumplimiento del orden jurídico. Confío en la hombría de bien del Gobernador, pero hay cosas que nos preocupan. Alguien lo está asesorando muy mal, no sé con qué intención”, dijo, y deseó: “Ojalá nos escuche”.

Y, para concluir, Del Río volvió sobre las sospechas en el manejo del crédito: “Los fondos ingresaron y se están manejando y comercializando al margen de la ley, y me cuesta creer que él esté al tanto de esto. Definitivamente, hay gente que no coopera para solucionar este problema”.

 

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