Intervención de Miraflores: el proyecto no tiene goyete

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Por Darío Zarco |

La destitución del intendente Néstor Amarilla a manos del Concejo Municipal, su vuelta al cargo y el pedido de licencia, la renuncia del concejal Javier Fariña a la presidencia del Concejo, las puebladas y las presiones de organizaciones sociales y sindicatos colmó el vaso de la crisis institucional en Miraflores.

Pero, como si todavía cupiera desconcierto, el gobernador Domingo Peppo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley 3590 de intervención de la Intendencia y el Concejo, en el marco del artículo 203 de la Constitución Provincial, que no tuvo lugar sobre tablas y fue girado a Comisión.

El texto (cualquiera diría) es idéntico al de la ley 2889-B de intervención de la Municipalidad de Villa Río Bermejito sancionada el 22 de agosto de 2018, por 90 días o hasta la asunción de las autoridades que debían elegirse dentro de los siguientes de 60 días.

El caso de Miraflores es distinto. No obstante, el Ejecutivo tomó como “modelo” aquel proyecto.

Aunque no instruye al interventor a llamar a elecciones, dice que su función “culmina al asumir el cargo las nuevas autoridades electas”, y que “el mandato del intendente y concejales electos concluye al completarse el de las autoridades cuyos mandatos se hubieran interrumpido”.

Además, instruye al Tribunal Electoral a tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo anterior, dejando en claro que el interventor deberá convocar a elecciones para completar el mandato de los destituidos que finaliza el 10 de diciembre.

Evidentemente, el “borrador” traicionó al Gobernador (o a sus asesores), ya que las elecciones de Miraflores y en otros 59 municipios ya fueron convocadas para el 13 de octubre, y está previsto que las autoridades electas asuman el 10 de diciembre.

Por lo tanto, no tendría sentido llamar a elecciones para completar mandatos en los términos prescriptos por la Constitución, porque deberían realizarse a mediados de noviembre, un mes después de las elecciones ya convocadas.

Encima, el proyecto propone la intervención hasta el 13 de octubre “o por el término menor que corresponda por la asunción de las nuevas autoridades electas”.  Ergo: no descarta incluso que las elecciones para completar mandato sean antes de esa fecha. Y si, en cambio, hiciera referencia a las elecciones ya convocadas, implicaría que las autoridades electas asuman el mismo domingo de la votación.

Definitivamente el proyecto de intervención es absurdo.

Aún cuando el descalabro institucional de Miraflores fuera descomunalmente mayúsculo, las circunstancias y el sentido común indican que no es necesario ni, fundamentalmente, factible llamar a elecciones extraordinarias.

El comisionado interventor no podrá ni deberá ir más allá de la mera administración de la Municipalidad y la prestación de servicios. Y retirarse el 10 de diciembre o adelantar la asunción de las autoridades electas el 13 de octubre.

La cuestión es sencilla, pero a veces copiar y pegar no es tan fácil como parece.

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