El Gobierno pidió “una herramienta” para terminar con los piquetes

La Cámara de Comercio de Resistencia convocó a funcionarios para debatir el proyecto de “ley antipiquetes” del Gobernador. Los funcionarios admitieron que hoy el accionar policial está limitado y desmotivado.

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Ministros, legisladores y juezas de Faltas respondieron a la convocatoria de la Cámara de Comercio de Resistencia.

La Cámara de Comercio de Resistencia reunió la noche del martes a autoridades del Poder Ejecutivo, legisladores y juezas de faltas, para debatir sobre sus asociados algunos aspectos del proyecto de la denominada “ley antipiquetes”, que lleva la firma del gobernador Domingo Peppo y se debate en este momento en la Cámara de Diputados.

Participaron el ministro de Gobierno: Martín Nievas, y el de Seguridad: Carlos Barsesa; los diputados Darío Bacileff Ivanoff, presidente de la Comisión de Legislación General que trata el tema, e Irene Dumrauf; y las juezas de Faltas de la Provincia: Marcela Cortés, y de la Municipalidad de Resistencia: Alicia Gutiérrez.

En el debate, encabezado por el presidente de la entidad: Ernesto Scaglia, y la secretaria Verónica Dufva Nielsen, funcionarios y comerciantes coincidieron en la necesidad de ponerle fin a las protestas en la vía pública que impiden el tránsito del microcentro de Resistencia y en puntos clave del área metropolitana en horario comercial, como en varias rutas de la provincia.

Bacileff Ivanoff reiteró que, según su entender, cortar las calles es un delito ya contemplado en el Código Penal que no necesita de nueva legislación sino de voluntad política para hacer cumplir la ley. No obstante aseguró que la Comisión que preside dará curso al proyecto del Ejecutivo y tanto él como el bloque del Frente Chaco Merece Más votarán afirmativamente.

En el mismo sentido se expresó Dumrauf, aunque observó que hay una indefinición en la ponderación de los piquetes, ya que mientras en el resto del país constituye delito, en el Chaco el Superior Tribuna de Justicia, al expedirse en una causa particular, lo consideró una contravención, lo que condiciona el protocolo de actuación y las consecuencias para los involucrados.

Las juezas Gutiérrez y Cortés coincidieron en que, tal como están planteadas las cosas, en determinadas circunstancias se superponen las jurisdicciones e imperan las dudas sobre qué fuero debería actuar y ordenar la intervención de las fuerzas de seguridad. Según su entender, la “ley antipiquetes” aportaría claridad tanto al accionar judicial como policial.

El ministro Nievas insistió en subrayar que el proyecto de ley expresa la voluntad del gobernador Domingo Peppo de terminar con los cortes de calles y rutas, y lo consideró “una herramienta” para cumplir ese objetivo. No obstante, admitió que su implementación no garantizará resultados inmediatos pero confió en que estos se cumplan progresivamente.

Tanto Nievas como Barsesa admitieron las limitaciones de la Policía, porque en muchas circunstancias los manifestantes se tornan violentos y sin un protocolo de intervención definido por ley, están expuestos a denuncias que podrían terminar en sanciones, o imputaciones de parte de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, y calcularon que uno de cada ocho policías enfrenta hoy una denuncia de este tipo.

Los funcionarios recalcaron que sin la ley no están dadas las garantías para la intervención policial en las manifestaciones. Pero también admitieron la falta de motivación de los efectivos no sólo por el riesgo de ser denunciados por los manifestantes sino también por los magros salarios.

Los comerciantes pidieron celeridad en el tratamiento del proyecto que, según se cree, podría convertirse en ley a mediados de agosto.

 

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