Energía eléctrica: la Justicia Federal del Chaco suspendió el último tarifazo de Cammesa

La jueza Zunilda Niremperger hizo lugar a un planteo del defensor del Pueblo que objetó la falta de audiencia pública previa al aumento de tarifas mayoristas. También pidió una tarifa diferencial para el Chaco. Secheep debería suspender el último aumento.

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La Defensoría del Pueblo de Chaco obtuvo resolución favorable en la medida cautelar que interpuso junto a una acción de amparo colectivo en defensa de los usuarios de energía eléctrica de Chaco. La doctora Zunilda Niremperger a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, dispuso provisoriamente la suspensión de la resolución 6/2016 emitida por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y por lo tanto se debe suspender por el momento el aumento instituido en ese instrumento.

Mediante la resolución 6/2016 se estipularon nuevos valores para el mercado eléctrico mayorista de energía eléctrica, por lo que incidió sobre el costo de distribución dentro de la provincia e impactó en la tarifa que deben abonar los usuarios: al regirse Secheep, según la Ley N° 1.307, por los precios fijados para la adquisición de energía en el mercado mayorista, trasladó a los usuarios el aumento determinado por el Ministerio de Energía.

En relación a esto, el defensor del Pueblo Gustavo Corregido criticó y planteó a través de una acción de amparo que la resolución cuestionada se aplicó para todo el país  en forma homogénea sin considerar situaciones particulares y excepcionales  como nuestra provincia, “que debe soportar temperaturas altísimas prácticamente la mitad del año calendario y es un  territorio golpeado por las inclemencias del tiempo, circunstancia que quedó documentada en el decreto del Ejecutivo Nacional que declaró la Emergencia Hídrica en 2015”. Además destacó que en el territorio chaqueño hay sectores vulnerables afectados por la pobreza a los que el aumento tarifario podría afectarlos gravemente, como comunidades aborígenes o comunidades que habitan en los departamentos Güemes y General San Martin, que se encuentran amparados por una medida cautelar de la Corte Suprema.

“Entendemos que puedan existir circunstancias económicas de gravedad institucional que podrían ser fruto de gobiernos anteriores  pero no pueden  corregirse de esta manera en desmedro de los usuarios”, indicó. Así, apuntó a que “es inaceptable que el propio Estado tome medidas que menoscaben o disminuyan derechos. Es contrario al espíritu de la Constitución Nacional que un Ministerio de la Nación implemente medidas regresivas que deteriore directa o indirectamente la calidad de vida de los chaqueños”, señaló.

En esa línea, la juez Niremperger acogió a la tutela cautelar solicitada dejando entrever que el instrumento cuestionado efectivamente afectaría los derechos de los chaqueños, implicando el “tarifazo” una afectación a la calidad de vida de los ciudadanos. Esto teniendo en cuenta que gran parte de los ingresos de los usuarios, deberían utilizarlos para solventar los aumentos  en lugar de ser destinados a cubrir las necesidad básicas de toda persona y familia, como alimentación, salud, viviendas y vestimenta entre otras cosas.

En su planteo, Corregido reclama la realización de las audiencias públicas que manda la ley y pide que se ordene al Poder Ejecutivo Nación que establezca un valor de energía eléctrica diferencial para la Provincia del Chaco.

Ahora hay que aguardar la resolución judicial de fondo, que podría derivar en una “corrección “ en la facturación de Secheep a sus usuarios, teniendo en cuenta que con el último ajuste fue aplicado argumentando la resolución del Ministerio de Energía que ahora quedó circunstancialmente sin efecto.

 

 

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