Deuda con los judiciales: abogado pide juicio político para María Luisa Lucas

Jorge Denis se presentó ante la Legislatura para formalizar el pedido de juicio político por entender que la jueza y sus pares que firmaron la acordada 858/91, incurrieron en “abuso de autoridad, mal desempeño y falta a los deberes de funcionario público”.

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Jorge Raúl Denis, un abogado del fuero local, en su carácter de ciudadano, presentó en la mañana de este viernes un pedido de juicio político contra la presidente del Poder Judicial del Chaco, María Luisa Lucas, por su responsabilidad en la acordada 858/91, que marginó a los trabajadores judiciales de una recomposición salarial y desató una ola de juicios millonarios.

El denunciante asegura que Lucas y los demás integrante del STJ: Aquiles Hernán Sotelo, Juan del Carmen Cima, Guillermo Mendoza y Héctor David Toledo, fueron los responsables del dictado la Resolución 858/91 que creó un “Suplemento mensual no remunerativo ni bonificable”, que fue “discriminatorio, ilegítimo y contrario a derecho, por violar la ley provincial 2895, su artículo 5° y la porcentualidad consecuente”.

Según la denuncia, con su dictado, la Resolución generó “un daño patrimonial a quienes no lo percibieron y al Estado, que hoy debe afrontar el costo de las demandas producidas en consecuencia”.

Además, recuerda que la acordada no sólo afectó al Poder Judicial, sino que por la vigencia de la llamada ley de enganche, el Tribunal de Cuentas también quedo comprendido  por aplicación del art.4° de la ley 3303/87, luego modificada por ley 3497. Así, este organismo adoptó  el adicional no remunerativo ni bonificable, pero sólo para las autoridades superiores.

Por estos argumentos, Denis destaca en el escrito que con el dictado de la Res.858/91, que careció de fundamentos válidos, se produjo “un daño patrimonial inconmensurable, al no  ponderar  las consecuencias inmediatas ni mediatas, ya que la mayoría de los empleados y funcionarios excluidos del beneficio incoaron demandas y reclamaciones judiciales”.

Denis resume que “esto conlleva hoy a tener que afrontar el Estado el costo de los mismos y que para concluir con posibles embargo a bienes y el erario público provincial, en primer lugar se dictó la ley 7751 que declara la Emergencia económica y financiera de la Provincia y consolida deudas por reclamos judiciales, en diciembre de 2015, y posteriormente se sanciona la denominada ley de Crédito Público, en abril de este año, que autoriza al Poder ejecutivo a tomar un crédito por 4000 millones de pesos para, entre otras, cancelar la deuda a los judiciales y personal del Tribunal de Cuentas”.

Por esto, considera que el accionar de María Luisa Lucas y de sus pares de entonces, “se encuadra en una inconducta pasible de todo reproche” que tipifica como “abuso de autoridad, mal desempeño y falta a los deberes de funcionario público, de conformidad con lo establecido en el artículo 120 de la Constitución Provincial, Ley 3222 y modificatorias”. Y, en consecuencia, entiende que corresponde que se haga lugar al planteo de juicio político”.

 

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