“Descentralización” educativa: tras el veto la ministra Mosqueda se desentiende de la ley

Dijo ante rectores que no nunca avaló sanción de la ley 2832 que habilita a Municipalidades y ONG la creación de institutos terciarios y le asigna fondos en el Presupuesto. Sin embargo, Educación propuso había redactado parte del proyecto.

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El 12 de junio el gobernador Domingo Peppo vetó totalmente la ley de Programa de Fortalecimiento de la Educación Superior que fuera sancionada por amplia mayoría por la Cámara de Diputados en la sesión celebrada el 30 de mayo en General San Martín.

“La mencionada norma vulnera, superpone y avanza sobre prescripciones legales ya establecidas en normas anteriores como por ejemplo el Estatuto del Docente”, reza el veto en sus fundamentos, y agrega que, “a pesar de que el espíritu de esta iniciativa es loable, atendiendo la gran preocupación expresada por los distintos sectores sociales y docentes, y con el convencimiento de que la educación es un tema muy importante y complejo, merece ser discutido en el marco del consenso con la participación de todos los actores involucrados en el sistema educativo, sin apartarse de la resolución del Consejo Federal de Educación en materia de Educación Superior.

La ley, iniciativa del exdiputado peronista Rubén Guillón, de San Martín, crea el programa que incluye a todas las carreras terciarias y universitarias existentes y que pudieras crearse, y reconoce a los Centros Regionales de Educación Superior que dependan de Municipalidades, asociaciones civiles, fundaciones o cooperativas.

De acuerdo a la norma, la Provincia debe aportar al sostenimiento de los Cres y contribuir a su funcionamiento y mantenimiento edilicio. Para esto crea un fondo específico que se compone con recursos específicos asignados en la Ley de Presupuesto, Aportes del Tesoro Nacional, fondos generados por los Cres, entre otros, y todos los que surjan aún cuando no estén contemplados en el listado.

Esto responde a la “descentralización” promovida por el propio Gobierno provincial, y en este marco la ministra de Educación Marcela Mosqueda mantuvos reuniones con intendentes para abonar la idea.

“Tenemos el mandato del gobernador Domingo Peppo de salir al territorio y trabajar en conjunto con los Municipios para descentralizar las políticas educativas, por una escuela inclusiva, de calidad y de puertas abiertas para la comunidad”, había dicho el 7 de mayo en Pampa del Infierno ante 14 jefes comunales, apenas dos semanas antes de la sanción. Y antes había mantenido otro encuentro regional similar en La Eduvigis.

Pero tras el veto hubo un cambio radical de actitud. El último miércoles Mosqueda dijo ante el Consejo de Rectores que ni ella ni su gabinete avalaban el contenido de la ley 2832 y, en el mismo sentido del veto, habló de la necesidad de abrir el debate y buscar consenso.

Sin embargo, el Frente Gremial Docente salió al cruce desmintiendo su nueva versión, asegurando que su cartera no sólo avaló el contenido de la norma, sino que propuso modificaciones e incorporó artículos completos.

La organización recuerda que el 5 de septiembre de 2017, durante la gestión de Daniel Farías, con la firma de la subsecretaria de Educación Superior: Alejandra Leal Chudey, emitió un dictamen rechazando la propuesta de Guillón por implicar una violación al Estatuto del Docente y a la Ley de Presupuesto, entre otras.

Pero que tras la asunción de Mosqueda como ministra la interpretación cambió y recibió impulso. Un nuevo dictamen firmado por la directora de Educación Superior: Norma Emilia Vega, el 15 de mayo pasado, dirigido a la ministra informándole de las “recomendaciones” hechas en respuesta a un nuevo pedido de informe de la diputada María Elena Vargas, presidente de la Comisión de Educación.

El documento expresa textualmente una serie de cambios que el Ministerio consideraba convenientes imprimir en la ley. Por ejemplo, “propuestas educativas más amplias, en lugar de circunscribirse sólo a los profesorados y/o tecnicaturas de Nivel Superior”, extendiendo así el alcance de los Cres hasta el nivel universitario, inclusive.

Añadió además un listado de funciones e incumbencias para la conformación de las orientaciones y los contenidos pedagógicos.

Así, ponen en evidencia la contradicción entre el accionar del gobernador Domingo Peppo y la ministra de Educación: Marcela Mosqueda que ella había impulsado pero que él rechazó de plano, aunque recién a partir de la protesta de los sectores docentes y estudiantiles.

 

 

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