¿Desafuero o juicio político?: el Gobierno quiere frenar el dominó que podría tumbar a Peppo

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El gobernador Domingo Peppo y el ministro de Infraestructura: Fabién Echezarreta.

Por Darío Zarco |

La juez federal Zunilda Niremperger imputó y ordenó detener al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos: Fabián Echezarreta, en la causa Lavado 1, previo desafuero, teniendo en cuenta la inmunidad que le confiere la Constitución.

Muchos se anoticiaron así de que los ministros tienen fueros. Es que parece desmedido investir de fueros a un funcionario designado por decreto por la voluntad del gobernador, y que a pesar de sus fueros puede ser removido en cualquier momento con otro decreto.

“Un ministro es un empleado del Poder Ejecutivo”, dijo la presidente del Poder Legislativo: Élida Cuesta, para describir que un ministro pende de la voluntad del gobernador o, como parafraseara el diputado Ricardo Sánchez: “Está a tiro de decreto”.

Sin embargo, la Constitución Provincial protege a los ministros decretados con el mismo rigor que a los diputados electos por el voto popular, y además les exige las mismas condiciones e incompatibilidades.

El delimitar la inmunidad, la Constitución dice que “…ninguna autoridad podrá interrogarlos, reconvenirlos, acusarlos o molestarles…” por los hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, y “no podrán ser detenidos salvo la circunstancia de ser sorprendidos en flagrante delito…”.

Entonces, un ministro, como un legislador, no sólo no puede ser detenido, sino tampoco imputado ni procesado, ni allanarse sus domicilio y oficinas mientras dure la inmunidad parlamentaria. Ergo: no se puede sustanciar ningún proceso en su contra.

Esto no sucede con legisladores y funcionarios nacionales, que pueden ser imputados, indagados y procesados a pesar de sus fueros, aunque para allanar su domicilio u oficinas se requiere la autorización de la Cámara respectiva, lo que pone en desventaja a la Justicia

La Constitución expresa que los legisladores son pasibles de desafuero “cuando se promueva acción penal contra ellos”, pero para el gobernador, el vicegobernador, y los ministros impone un sumario más complejo: el juicio político, en caso de “incapacidad física o mental, por mal desempeño o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo, por delito en el ejercicio de sus funciones o por delitos comunes”.

La lógica dice que la misma inmunidad debería ser removida por la misma causa, por el mismo procedimiento, y tener los mismos efectos. Sin embargo, para promover el desafuero es suficiente la mera acción penal, mientras para el juicio político las causas deben ser probadas.

El pedido de desafuero debe abordado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y su dictamen ser tratado en el plenario legislativo; un proceso que podría extenderse cinco días.

El juicio político se inicia con una denuncia fundada, la que es analizada por la Sala de Acusación integrada por la mitad de la Cámara de Diputados, que si encuentra mérito debe derivar el caso a la Comisión Investigadora integrada por cinco de sus miembros, y el dictamen de ésta ser aprobado por la Sala de Acusación que, como un fiscal, lo elevará a la otra mitad de la Cámara que conforma la Sala de Sentencia y oficia de juez. Este proceso tiene un plazo de hasta 180 días y, en caso de extenderse, será archivado.

Al final, el desafuero comprende la pérdida de inmunidad y la suspensión en sus funciones, y el funcionario absuelto por la Justicia podrá volver al cargo. Pero el juicio político podría terminar en la destitución e inhabilitación para desempeñar ese y otros cargos públicos, incluso de por vida, y el funcionario destituido no podrá volver al cargo aún cuando fuera absuelto por la Justicia.

Teniendo en cuenta que ambos procesos son políticos, también podría ocurrir que no fuera desaforado ni destituido por juicio político, independientemente de su situación o las pruebas en su contra.

Definitivamente, en este punto, la Constitución es contradictoria. Pero ésta es la oportunidad para aclarar el limbo que se generó por el ahorro de un párrafo que defina expresamente la inmunidad de los ministros o simplemente se las quite.

La razón podría simplificar las cosas: corresponde el desafuero porque lo único que impide cumplir la orden judicial es la inmunidad, porque la juez solicitó el desafuero y no la destitución, y porque ante la duda, siempre se debe aplicar la sanción menor.

En estos casos, la duda se podría zanjar yendo al “espíritu” de la norma, pero esta es tan difusa que confunde hasta al propio presidente de la Convención Constituyente de 1994: el diputado provincial Juan Manuel Pedrini.

“Yo sé de lo que hablo”, dijo el jueves blandiendo su diploma en radio Libertad, eufórico contra el desafuero por improcedente. “Lo que corresponde es el juicio político, de acá a la China”, describió al considerar que los otros diputados ignoraban la Constitución y que avanzaban irresponsablemente presionados por la opinión pública que quiere ver a un ministro preso.

Sin embargo, una semana antes en radio Natagalá comparó la situación de Echezarreta con la de la diputada nacional Aída Ayala en la causa Lavado 2. “Creo que vamos a un proceso de desafuero”, dijo y avaló la decisión del ministro de no renunciar en función de este “antecedente”.

¿Por qué cambión de opinión Pedrini? Quizás porque el desafuero parece un hecho, tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales con mayoría opositora como en el pleno legislativo donde el grueso de sus partidarios no ve la hora de votar. Mientras en el caso del juicio político la suerte del ministro Echezarreta caería en sus manos, como presidente de la Sala de Acusación y en la Comisión Investigadora presidida por Ricardo Sánchez, ambas con amplia mayoría oficialista.

El gobernador Domingo Peppo aprovechó la contradicción: “Hay dos interpretaciones, algunos dicen que corresponde el desafuero y otros dicen juicio político”, expresó refiriéndose a los diputados que, sin embargo, coinciden en que la solución es un decreto.

Pudo haber echado a Echezarreta como hizo con su mano derecha y secretario general de Gobierno: Horacio Rey, pero lo ratificó, a pesar de que ambos están afectados en la misma causa y pesan sobre ellos prácticamente los mismos cargos.

Al echar a Rey dijo que era la mejor manera de abrirle las puertas a la Justicia. Pero ahora las cerró. Seguramente porque entiende que, a este ritmo, a la caída de un ministro podría seguirle la de otro, como en un dominó, hasta llegar él.

 

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