Desafuero de Echezarreta: Cuesta criticó la “intromisión judicial” y pidió “voluntad política”

La presidente de la Legislatura consideró que la jueza Barreto se extralimitó al frenar el desafuero del ministro de Infraestructura. “Los fueros son para garantizar derechos, no para eludir a la Justicia”, dijo.

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La titular de la Legislatura: Élida Cuesta, cree "dilatar las cosas no beneficia a nadie".

“Es una intromisión de la Justicia”. Así describió la presidente del Poder Legislativo: Élida Cuesta, la “precautelar” dictada por la juez Civil y Comercial 1: Eloísa Barreto para frenar el desafuero del ministro de Infraestructura: Fabián Echezarreta, solicitado por la juez federal Zunilda Niremperger, que también ordenó su detención en la causa Lavado 1.

“El pedido de desafuero lo hizo la Justicia Federal y yo creía que se tenía que proceder de forma inmediata, ofreciéndole al funcionario involucrado todas las garantías”, dijo entrevistada por Fernando Parra en Libertad, y contó que por eso solicitó a la Comisión que se reúna con carácter extraordinario y se lo cite lo antes posible, sobre todo teniendo en cuenta que el mismo ministro había pedido ser convocado ese mismo día para aclarar su situación.

En esa sesión la Comisión decidió iniciar el proceso de desafuero y requerir cierta documentación a la juez Niremperger, para luego notificar al ministro, sin perjuicio de la invitación que se le había cursado para la reunión ordinaria del lunes último.

Sólo el diputado Juan Manuel Pedrini expresó su negativa por entender que lo que correspondía era someter al ministro a juicio político, aunque unos días antes él también pensaba en el desafuero.

“Podemos discutir si corresponde desafuero o juicio político, pero seguramente vamos a coincidir en que hay que quitarle la inmunidad a un funcionario acusado, investigado por la Justicia. Ese es el camino porque debemos respetar la independencia de poderes”, dijo Cuesta que ya había adelantado su parecer apenas ingresada el pedido de Niremperger.

“Los fueros fueron creados con otro sentido: para garantizar derechos, no para eludir responsabilidades, y mucho menos para cometer ilícitos”, dijo, y observó que, “evidentemente, no hay voluntad política de someterse a la Justicia”, en clara alusión a la actitud del ministro y del propio gobernador Domingo Peppo que podría zanjar la situación separándolo del cargo, como ya ocurriera con el secretario general de Gobierno: Horacio Rey, que fue suspendido y tres días después renunció.

Tras la orden de detención de Echezarreta, Peppo lo ratificó y dijo “que todo siga por los carriles institucionales que correspondan”, trasladando el caso a los diputados: “El Gobernador dijo claramente: es el Poder Legislativo el que tiene que resolver esta cuestión”, recordó la diputada, y lamentó que, sin embargo, “se apele a este tipo de medidas judiciales”.

El proceso de desafuero podría definirse en unos pocos días, mientras el juicio político tiene un plazo de seis meses. Para Élida Cuesta, “dilatar las cuestiones no le sirve a nadie”, y comparó que “si un ciudadano común debe presentarse rápidamente a la Justicia, un funcionario no puede demorar una investigación escudándose en los fueros”.

 

 

 

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