Derechos Humanos: allanamiento de Gendarmería en la Alcaidía de Resistencia

El procedimiento fue requerido por el fiscal Daniel Turraca en el marco de la causa por supuesto abusos sexuales y torturas contra internos. Además se examinan las condiciones de detención y atención sanitaria.

64
Una comisión de Gendarmería Nacional allana la Alcaidía de Resistencia a instancias del fiscal de DDHH Daniel Turraca, por la causa de abuso sexual y torturas.

A instancias del fiscal en lo Penal Especial de Derechos Humanos, Francisco Daniel Turraca, una comisión de Gendarmería Nacional y funcionarios de la Justicia provincial iniciaron a las 8.30 de este lunes un allanamiento en la Alcaidía de Resistencia, dependiente del Servicio Penitenciario Provincial.

El procedimiento fue requerido en el marco de la investigación de presuntos abuso sexual y torturas que el detenido Diego Armando Ibáñez denunció el pasado 23 de agosto, cuando dijo que un grupo de penitenciarios lo sacó de su celda y mientras lo golpeaban lo empalaron con una tonfa y después, de regreso a su lugar de detención, lo obligaron a subir a una silla y pretendían colgarlo del techo ciñéndole una sábana al cuello.

Las lesiones denunciadas fueron confirmadas por un informe médico del hospital Perrando, adonde fue trasladado, lo que llevó a la detención de seis efectivos penitenciarios: Renzo Víctor Bondaruc, Cristian Fabián Duarte, Leonardo Gabriel González, Carlos Guillermo Vera, Luis Ángel Espinosa y Rubén Darío Serrano, que recuperaron la libertad rápidamente.

La semana pasada la defensora oficial 5: María Daniela Acosta Calvo, solicitó la imputación del médico del Servicio Penitenciario: el suboficial Mario Gustavo Solís, que no describió en su informe ninguna de las lesiones acusadas por el denunciante, las que recién fueron “advertidas” por su colega Alexander Mijalek en la Guardia de Emergencias del Perrando y corroboradas por el bioquímico forense Francisco Camargo y el médico Carlos Manuel Zárate, del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses.

Muertes y denuncia ante la CIDH

Pero en la misma denuncia Ibáñez y los testigos aseguran que el episodio en cuestión no sólo no es el único que se dio en el último tiempo sino que aseguran que se trata de una práctica habitual.

A esto se suman la muerte de Ariel Pichoto, que el 6 de agosto sufrió una descompensación, no recibió atención médica y llegó muerto al hospital en la caja de un patrullero; y la de Martín Cuevas, que al día siguiente apareció colgado en su celda.

Esto fue ratificado por varios reclusos ante la defensora general adjunta: Gisela Gauna Wirz, lo que la llevó a presentar una denuncia contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Paralelamente, se procura determinar las condiciones reales de alojamiento de los internos cuya población supera las 530 personas en un edificio con capacidad para 270 y que se encuentra completamente arruinado.

Gauna Wirz describe que el sistema cloacal no funciona y los reclusos están obligados a hacer sus necesidades en el piso, las celdas se inundan, las instalaciones eléctricas constituyen un riesgo patente de muerte, no hay médicos y la atención sanitaria prácticamente no existe.

 

Comentarios

comentarios