Denuncia de torturas en la Alcaidía: secuestraron grabaciones de las cámaras de vigilancia

Las autoridades penitenciarias habrían negado la existencia del material, pero estas estaban en poder de la defensora de los penitenciarios involucrados. Gendarmería investiga los teléfonos secuestrados.

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Gendarmería allanó la Alcaidía de Resistencia a instancias de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y el Comité Provincial contra la Tortura | Chaco Día por Día

La mañana de este lunes Gendarmería Nacional allanó la Alcaidía de Resistencia por orden del juzgado de Garantías 1, a instancias del fiscal en lo Penal Especial de Derechos Humanos: Francisco Daniel Turraca, en el marco de la causa por presuntos abuso sexual y torturas en perjuicio del recluso Diego Armando Ibáñez.

Del procedimiento también participaron representantes del Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes.

El objetivo fue identificar los lugares y las condiciones descriptas por Ibáñez en su denuncia, en la que asegura que el 23 de agosto fue esposado, retirado de su celda y trasladado a una oficina donde al menos tres penitenciarios lo golpearon y mientras dos de ellos lo sujetaban, un tercero lo empalaba con una tonfa. Después fue devuelto a su lugar de detención donde lo obligaron a subir a una silla y le ciñeron una sábana al cuello para colgarlo del techo.

El episodio terminó con su traslado a la Guardia de Emergencias del hospital Perrando, donde fue examinado y los médicos verificaron que presentaba lesiones compatibles con lo descripto. Lo que derivó en la detención de seis efectivos del Servicio Penitenciario Provincial que recuperaron la libertad dos días después.

Hoy la comisión de gendarmes y funcionarios policiales relevaron el lugar y la ubicación de las cámaras de videogilancia, y las grabaciones del día 23 de agosto.

En principio, los responsables de la Alcaidía informaron que el sistema sólo grababa siete días, y que luego eliminaba archivos para almacenar los siguientes siete días, por lo que el registro ya no existía.

Pero cuando se aprestaban a dejar constancias de esta situación para incorporar al expediente, surgió la novedad de que una copia había sido cedida a la abogada defensora de los seis penitenciarios, presuntamente sin la debida autorización.

Ante esto, se lograron nuevas copias que ahora serán examinadas para determinar fehacientemente si corresponden al período indicado.

Por otra parte se advirtieron modificaciones recientes que habrían significado una alteración sustancial del espacio en el que habrían ocurrido los hechos investigados, por lo que será necesaria una nueva inspección y la ampliación de la lista de testigos.

Mientras, expertos de Gendarmería ya iniciaron las pericias a los teléfonos secuestrados en la causa, de donde podrían surgir nuevos procedimientos.

 

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