Declararon la emergencia social por violencia de género en el Chaco

La Legislatura aprobó por unanimidad una iniciativa de la diputada Élida Cuesta a la que se sumaron otras de la diputada Andrea Charole y del Poder Ejecutivo. Será por dos años.

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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto unificado de las diputadas Cuesta y Charole y del Poder Ejecutivo.

La Cámara de Diputados de la Provincia sancionó por unanimidad la Ley 3025-G autoría de la presidenta del Poder Legislativo Élida Cuesta, con agregados de la diputada Andrea Charole y del Poder Ejecutivo, por la que se declara la “Emergencia Social por Violencia de Género”, en todo el ámbito de la Provincia.

La medida será por el término de dos años, prorrogable por igual término, si subsistieran las causas que dan origen a la declaración.

La Ley tiene por principales objetivos “revertir el número de víctimas por violencia contra la mujer y las identidades femeninas, reforzar la política preventiva en la materia, optimizar y unificar los esfuerzos y recursos estatales y de la sociedad civil para la plena aplicación y vigencia de las normas existentes y las que se sancionen en adelante destinadas al abordaje integral de las mismas en situación de violencia.

Para ello el Estado provincial deberá extremar los recursos financieros, técnicos y humanos, para hacer plenamente efectivo y operativo el sistema de protección legal vigente en nuestra provincia.

La autoridad de aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo, la Ley declara política prioritaria para el Estado Provincial, el logro de los siguientes objetivos y principios:

La norma plantea celebrar convenios o acuerdos con organismos nacionales, internacionales, instituciones académicas, a los fines de lograr el fortalecimiento técnico y económico de la jurisdicción provincial en la temática, para posibilitar la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres y las identidades femeninas en todas sus formas que padecen violencia.

Crear e implementar en el territorio provincial los Hogares de Protección Integral (HPI) para víctimas de violencia de género, para aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza a su integridad física y psicológica, quedando facultado el Poder Ejecutivo a solicitar asignación de partida presupuestaria específica, a la reasignación de partidas existentes o la gestión de recursos nacionales para el cumplimiento del objetivo. Garantizar la adecuada atención a familiares de víctimas de femicidios.

Fortalecer en todo el territorio provincial la red de contención social de Organizaciones No Gubernamentales especializadas en Violencia de Género que actúen en coordinación con los organismos educativos. Brindar capacitación y apoyo a los Municipios y comunidades rurales para facilitar la formación de Unidades especializadas en Género.

Incrementar la empleabilidad de las mujeres e identidades femeninas víctimas de violencia de género que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, fomentando programas de empleo y contención económica.

Garantizar mediante campañas de información y prevención la plena vigencia y aplicación efectiva de la legislación vigente en materia de Violencia de Género, en medios de radiodifusión audiovisuales y plataformas virtuales, buscando sensibilizar a la sociedad y reducir las expresiones patriarcales a través de un cambio cultural.

Instrumentar programas de prevención basados en la capacitación permanente de funcionarios públicos y agentes del Estado. Garantizar la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral en todos los establecimientos educativos de la provincia.

Generar los mecanismos necesarios y adecuados para garantizar el acceso a las políticas públicas de las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad como ser las mujeres indígenas o rurales, mujeres privadas de su libertad, y mujeres e identidades femeninas que sobrellevan algún grado de discapacidad o padecimiento mental. Promover la cobertura institucional en todo el territorio provincial destinada a la contención de víctimas de violencia de género.

Efectivizar la implementación de todos los protocolos vigentes en la provincia referidos a la temática. Garantizar el acceso gratuito a la justicia, el acompañamiento y la contención durante el tiempo que dure el proceso judicial a las víctimas de violencia de género.

Además, la norma crea la “Mesa Institucional por la Emergencia Provincial en Violencia de Género”, la que funcionará con sede en la Legislatura de la Provincia del Chaco y estará integrada por legisladores, representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de Organizaciones No Gubernamentales, y la Defensoría del Pueblo.

Entre otros puntos, la ley establece que el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda –IPDUV- deberá establecer un cupo especial de casas, departamentos, por cada nuevo barrio que realice, a sortearse entre las víctimas de Violencia de Género, sobre las que la justicia haya ordenado una medida cautelar de restricción de acercamiento o dictaminado la prisión para el agresor.

 

 

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