Declaran la inconstitucionalidad de la ley de emergencia y el decreto de pago a los judiciales

En fallo dividido, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial consideró que la ley 7751 vulnera la seguridad jurídica y el principio de igualdad al cambiar las reglas del juego y afectar sólo a algunos acreedores del Estado, como los judiciales con sentencia favorable.

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La Justicia entiende que la Legislatura sancionó una ley a medida para que el Gobierno evitara el pago de las sentencias.

La Sala 4 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Resistencia declaró inconstitucional la ley 7751, que establece la emergencia de la provincia para afrontar el pago de las acreencias que resultan de la sentencia que se ejecuta, así como de su decreto reglamentario 2092/16.

El fallo fue dividido y prosperó el voto de la jueza Marta Inés Alonso de Martina, por sobre el pronunciamiento a favor de la constitucionalidad que dio el magistrado Diego Derewicki. La camarista de la sala 1, María Anadón Ibarra de Lago, debió intervenir para desempatar y se manifestó en igual sentido que Alonso.

El planteo se enmarca en el proceso de ejecución tendiente al cobro del crédito resultante de la sentencia que reconoció el reclamo contencioso administrativo de empleados y funcionarios judiciales originados por la acordada 858/91 del Superior Tribunal de Justicia.

La provincia, en su carácter de demandada hizo hincapié en la magnitud de la deuda reclamada: $1.532 millones,  que sumados a las costas del proceso podrían superar los $2.000.

Por otra parte argumentó respecto de la constitucionalidad del precepto y afirmó que no se violan derechos adquiridos. Asimismo, en relación al derecho de propiedad, señaló que la norma contempla que la deuda consolidada devengue un interés moratorio.

El voto de la mayoría

En su voto Alonso de Martina indicó que la misma sala, con anterior integración, se pronunció por la inconstitucionalidad de la ley 7751. Y agrega que la Corte Suprema tiene como criterio que la competencia constitucional “es la potestad que tienen los jueces de controlar e interpretar la supremacía de la Constitución, cualquiera sea la instancia o fuero al cual pertenezcan, ello obedece al control constitucional difuso que impera en nuestro país”.

Asimismo afronta su análisis en el marco de una facultad deber de control constitucional, por lo cual concluye que el Poder Judicial puede juzgar el modo cómo los poderes políticos ejercitan las facultades que la Constitución les otorga con exclusividad.

En el caso verificó:

*Incumplimiento de la demandada. Porque intimado el pago conforme ley 4474, no informó fecha del mismo ni tampoco si existía previsión presupuestaria para atenderlo, con lo cual quedó expedita la vía judicial de ejecución de sentencia.

*Que son obligaciones de carácter alimentario, dado que son remuneraciones.

*La ejecución se promovió el 23 de enero de 2015, sin que hasta la fecha de presentación de la demandada (en junio de 2015) informe la previsión presupuestaria.

* El 22 de diciembre de 2015 solicitó la aplicación inmediata de la ley de emergencia 7751.

* El Estado, sobre la marcha de los sucesos, cambió las reglas de juego. Ello vulneró el principio de seguridad jurídica, deviniendo inconstitucional la ley 7751 que agregó mayores restricciones a los derechos reconocidos por sentencia, cuando se comprobó que la parte observó los pasos que establece la ley 4474.

* No se sabe a qué responde la declaración de emergencia contenida en la ley 7751, la que no se sustenta en fundamentos técnicos.

* Se violó el derecho de propiedad al incorporar al patrimonio del ejecutante, merced a una sentencia judicial firme, violación derecho de igualdad y acceso a la justicia.

* Los verdaderos motivos de la emergencia que se invocan en la ley 7751 son los embargos judiciales trabados a fondos del Estado. Ello derivó del actuar remito de la demandada y no de la justicia.

*Concluyó que era irrazonable el extremo temporal de la emergencia: primero hasta el de junio de este año, luego prorrogado hasta diciembre.

* Faltó razonabilidad, porque la emergencia se declaró solo en relación a determinados acreedores del Estado.

* Se estableció un nuevo plazo para cumplimiento de la sentencia, estimado en diez años.

En síntesis la declaración de inconstitucionalidad se sustentó en que la ley 7751 estableció un nuevo plazo y procedimiento que dilatan sin plazo el cumplimiento de la sentencia, impidiendo la percepción del crédito reconocido judicialmente y que tiene carácter alimentario.

En cuanto al decreto 2092/16, afirmó que el Poder Legislativo puede autorizar que se reglen materias específicas pero ello no significa que transfiera una potestad propia.

Por lo tanto, al declarar la inconstitucionalidad de la ley 7751, la consecuencia inmediata es que aquel carece de sustento legal alguno y sigue la suerte de la ley que permite su existencia.

A su turno Anadón de Ibarra adhirió al voto de Alonso de Martina. Con base en fallo de la CSJN se destacó que la declaración de inconstitucionalidad de la ley 7751 reposa en el control constitucional difuso que impera en nuestro sistema legal y que lo deben ejercer todos los jueces.

Al mismo tiempo reforzó los argumentos que dieron sustento al voto de su colega, esencialmente en cuanto al incumplimiento del Estado de lo reglado en la ley 4474 y que con el dictado de la ley 7751 modificó las pautas a las que los actores se sometieron, vulnerando así el principio de seguridad jurídica.

En tanto, consideró que la norma en cuestión eses inconstitucional porque agrega mayores restricciones a los derechos reconocidos por sentencias a los acreedores que los establecidos por la propia constitucional provincial y la ley 4474, cuyos pasos fueron seguidos por los ejecutantes.

Voto de la minoría

El voto de la minoría, por parte de Derewicki, se pronunció por la constitucionalidad de la ley al destacar que en el proyecto que le dio origen se expresó la imposibilidad del Estado provincial de cumplir en tiempo y forma (conforme lo establecido en la ley 4474) con las sentencias judiciales que reconocen el reclamo contencioso administrativo referido a diferencia de haberes de 1.400 empleados y funcionarios judiciales originada con motivo de la acordada 858/91.

Asimismo destacó que tales deudas motivaron el inicio de múltiples ejecuciones de sentencias que terminaron incrementándola sustancialmente, con el consecuente embargo de los ingresos provenientes de la coparticipación federal; circunstancia que puso en peligro el cumplimiento de los fines más esenciales del Estado provincial.

Derewicki expresó que este escenario justificó la declaración de una nueva situación de emergencia y la consolidación de las obligaciones, suspensión de las ejecuciones y la búsqueda de alternativas financieras para el pago de las sentencias judiciales.

Sobre esta base concluyó en la presunción de legitimidad de las declaraciones de emergencia, conforme normas dictadas por el Estado provincial, que sirvió de fundamento a la ley 7751 y su prórroga, ley 7825.

Además añadió que no advertía vulnerada la igualdad, en tanto distinciones establecidas por el legislador son razonables, pues no se advierten propósitos injustos o criterios arbitrarios. Máxime teniendo en cuenta la sanción de la ley 7782 que previó la emisión de deuda para atender particularmente a dichas obligaciones.

Frente a “la existencia de dificultades financieras de la provincia de carácter general” consideró que la categorización y ofrecimiento de pago establecido por la ley responde a un criterio de igualdad y justicia distributiva entre todos los intereses involucrados.

Al tiempo que remarcó expresamente que las ejecuciones que motivaron la deuda debieron acumularse de oficio para no permitir que algunos puedan cobrar la totalidad del crédito y quienes se encontraban a la espera de la toma de razón del embargo posterguen su acreencia.

Bajo este temperamento consideró que son justificables por su razonabilidad las medidas adoptadas en este contexto legal.

En cuanto a que se establece un nuevo procedimiento para el cobro, señaló que ningún derecho reconocido constitucionalmente reviste el carácter de absoluto y que si la limitación de derechos es viable en situaciones de normalidad, con mayor razón debe admitirse dicha limitación en situaciones de emergencia.

Mientras que respecto a la afectación del derecho adquirido, sostuvo que la sentencia firme es intangible, pero una cosa es su contenido y su ejecución, que debe necesariamente llevarse a cabo en razón de la inmutabilidad que la protege, y otra “como y cuando haya de serlo”. De allí que no reputa inconstitucional una ley que regule el modo y tiempo de obtener el pago.

El juez de cámara sostuvo que ni el tiempo que insumió el reconocimiento judicial de su derecho, ni el carácter alimentario de la acreencia que se reclama, son circunstancias atendibles para analizar la razonabilidad de las medidas de emergencia.

Finalmente consideró las medidas procesales dictadas por el Estado Provincial en ejercicio del poder de policía de emergencia resultan razonables y guardan proporción con el interés general que se pretende salvaguardar.

 

 

 

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