El debate presidencial, una institución de la democracia

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Por Eduardo Aguilar |

Cuando se cumple un año del primer debate presidencial de la democracia argentina, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de debates presidenciales obligatorios que impulsamos en el Senado, donde había obtenido amplio consenso interpartidario (46 votos a favor, 10 en contra). Es una buena oportunidad para hacer un balance de esta cuestión, a la luz de las discusiones que tuvieron lugar en el recinto de la Cámara Alta y en la prensa de estos días. Hay quienes creen que los debates no cumplen su cometido y que banalizan las campañas. Estamos convencidos de lo contrario.

El debate presidencial realizado un año atrás, aun con las críticas que podamos hacerle, fue una experiencia positiva. En la Argentina, cuando un candidato a presidente lideraba las encuestas, no quería intercambiar ideas con sus oponentes frente a los ciudadanos. Quien aspira a gobernarnos a todos, quien debe dar un ejemplo moral, empieza comportándose como un oportunista que no tiene respeto por las minorías.

También en la Argentina, cuando un Presidente va a la reelección, piensa que no puede bajar a debatir con los otros candidatos. Quizás porque, en lugar de sentirse el primer servidor público, se siente por arriba de resto de los políticos y de la sociedad. De allí a creerse dueño del Estado hay sólo un paso.

Finalmente, sucede también en este país que en las campañas electorales se hacen avisos coloridos para la televisión, se dan discursos llenos de buenas intenciones en escenarios prolijos, se saluda gente desde una caravana y, con suerte, se da entrevistas a algunos periodistas. En alguna campaña reciente, el momento más recordado había sido el de los candidatos bailando en un programa de entretenimiento. Nos alejábamos cada vez más de las ideas y del encuentro entre adversarios dispuestos a rebatirlas.

Los debates presidenciales obligatorios y regulados por ley dan una respuesta a esta pauta cultural, que considero tan arraigada como nociva. No se trata, como se ha dicho, de una rendición de la política a la lógica de los medios de comunicación. Por el contrario, esta ley es un intento de parte de la política de regular una cierta lógica de los medios que no le hace bien a la democracia.

No todos los ámbitos son apropiados para debatir las ideas de gobierno. Y la lógica del show nos lleva a esos ámbitos no apropiados. Los debates deben darse en el marco de una metodología, con moderadores idóneos y en condiciones equitativas. Con igual espíritu ya habíamos logrado sancionar esta ley en Chaco, la primera provincia que cuenta con este marco normativo. Esta ley tiene otros dos elementos destacables: primero, en cada elección presidencial habrá dos debates, uno de ellos en una capital del interior del país: un logro de federalismo y una oportunidad para poner los temas regionales en la agenda nacional. Segundo, la transmisión la realizará el sistema de radios y canales públicos: debates democráticos, transmisión democrática.

Los problemas públicos son complejos. Cada vez más. La lógica del marketing político-mediático tiende a subestimar a la sociedad con eslóganes superficiales y lugares comunes. Esto no es gratis: la sociedad responde con indiferencia hacia la política y descreimiento hacia sus dirigentes. La política zafa de explicitar los problemas a costa de debilitarse para resolverlos.

Otra objeción que hacen algunos a los debates obligatorios es que los candidatos podrían llegar a mentir en ellos. Pero tenemos que apostar a una mejora de la práctica política a través de mejores instituciones. Y el debate presidencial obligatorio es una institución de la democracia que ayuda, entre otras cosas, a exponer con más claridad a quienes mienten y a quienes no están preparados para ocupar el cargo más importante del país.

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