Carta abierta para terminar con la violencia institucional

¡Hagamos cumplir nuestros derechos! De profesionales de la Salud Mental a profesionales de la Salud

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Luego de que en las últimas semanas de marzo, el dirigente sindical de UPCN Sáenz Peña, Darío Benítez nos increpara de forma arbitraria e inadecuada en los pasillos de la sala; finalmente acordamos como fecha de reunión el lunes 4 de abril por la mañana.

Cuando hablamos de nosotras nos referimos a Natalia Marisel Ortiz, licenciada en trabajo social especialista en Salud Mental; Maira Puppo, licenciada en psicología especialista en Salud Mental; y Nuria Benítez, médica especialista en Salud Mental. Hasta el día martes 5 conformábamos el equipo de gestión del Servicio de Salud Mental del Hospital 4 de Junio, como jefa del servicio, jefa de consultorio externo y jefa de sala, respectivamente. Cargo que ocupábamos desde el mes de octubre del 2015. Cabe destacar que nuestra elección para esos lugares de coordinación, sin goce de un sueldo extra, fue resuelto por las autoridades tanto del Hospital como de la Dirección de Salud Mental de la Provincia del Chaco, con su disposición correspondiente.

¿Cuáles fueron los motivos que este dirigente de UPCN anuncio para reunirse? Ciertos trabajadores reclamaban “irregularidades en el servicio”. No pudo allì, ni en ninguna reunión posterior, explayarse sobre cuáles eran estas irregularidades. Antes de la reunión nos planteamos muchas dudas, sin embargo creímos correcto por el cargo que ocupábamos escuchar lo que este dirigente tenía para decir, y ver si podíamos aclarar sus dudas o llegar a ciertas resoluciones. Lo que tuvimos que soportar como personas y trabajadoras en esa reunión fue algo muy distinto.

Hubo mucha violencia, comentarios irónicos, burlas peyorativas, a Maira y Natalia el médico de planta Alexis Picech se nos burló en la cara porque nuestros contratos vencen el 31 de mayo, exclamando que “nos quedaríamos sin trabajo”. Conducta que tuvo delante del personal del servicio y de los gremios. Nos llaman “maltratadoras” por intentar que cumplan con sus funciones, ¿y esto que hicieron, qué es?

Cero compañerismo, y el usuario1 ni existió en el discurso de ninguno cuando reclamaban intereses personales. Estamos indignadas desde nuestros lugares, intentamos de que algunas personas abran los ojos ante esta situación. Estos mismos profesionales que nos trataron de “maltratadoras” y se propasaron con la manera de dirigirse hacia nosotras, son los que luego se postularon como nuevos jefes. Ni mencionar a los usuarios que esperaron durante horas a ser atendidos tanto del área de internación como de consultorio externo.

En la reunión hubo personal de planta (del servicio, como también de otros dispositivos de Salud Mental como Casa de Medio Camino, Casa Asistida y Equipo de Visita Domiciliaria), junto con los gremios UPCP y UPCN y además residentes del servicio. No sólo justificaron agresiones disfrazadas de reclamos laborales contra las integrantes del equipo de gestión, sino también contra la directora provincial de Salud Mental Magister Gloria Reyero y contra las leyes vigentes (Ley Nacional de Salud Mental 26.657). El médico Benjamín Sánchez Paredes recusó que “no estamos en condiciones de ser un servicio para agudos”, cuando la ley establece esta premisa como un nuevo cambio de paradigma. Entendemos que este reclamo puede verse desde las malas condiciones en infraestructura, falta de personal (incumplimiento de la carga horaria y funciones básicas) y capacitación, cuestiones que además como equipo estábamos trabajando, pero, ¿por qué estos reclamos estaban dirigidos hacia nosotras?

Posteriormente este grupo que no representaba ni el 50% del servicio, votó nuevos jefes. Se trataba de dos médicos en una clara postura hegemónica, cuando la ley también establece un equipo interdisciplinario. Y sin dejar pasar tampoco que uno de estos médicos, Germán Gialdroni ya tendría antecedentes de denuncias por agresiones a mujeres. Y es el mismo que durante la reunión dejó entrever que tres mujeres profesionales son incapaces de estar en un lugar de gestión. Y citamos “se entiende que no pueden llevar a cabo el equipo de gestión por ser mujeres”, y que tampoco podían comunicarse por eso con nosotras. ¿Acaso son incapaces de hablar como par con una mujer sin denigrarla? ¿Ni siquiera toleran que estén en un lugar de coordinación?

Como equipo, a pesar del dolor por la humillación y la violencia institucional que vivimos, tratamos de seguir los pasos correctos. Comunicamos esta situación a la directora de Salud Mental por vía telefónica y a la actual directora del Hospital 4 de Junio personalmente. Durante todo ese recorrido continuamos siendo víctimas de agravios y aprietes no sólo por parte de referentes de los gremios UPCN y UPCP, sino también de nuestros propios compañeros de trabajo (personal de planta y residentes). Ese fue, como profesionales con una historia y un recorrido en este lugar, el momento de mayor quiebre y decepción.

A esta reunión, se les llamó asamblea. ¿Fue esto una Asamblea? Quizás es necesario para estas personas y para otras que vivan una situación similar aclarar algunos términos. La Asamblea es una “reunión general de miembros de un colectivo para decidir sobre asuntos comunes”. Evidentemente los asuntos no fueron comunes, ni mucho menos hubo espacio de escucharnos allí.

También parece necesario aclarar que los fundamentos básicos de un gremio o sindicato es defender el derecho de los trabajadores y trabajadoras. En cambio, se encargaron ellos mismos de generar una situación de apriete y maltrato laboral. “¡Andate a la mierda!, gritó la afiliada de UPCN, Ana Collado a la médica Nuria Benítez, cuando esta última se retira de la reunión por lo intolerable de la misma. Afiliada que más tarde ensordecería con aplausos a las demás integrantes del equipo de gestión celebrando esta violencia institucional.

Y por último, para quienes permanecen indiferentes o callados ante esta situación, destacar que tenemos algo muy valioso como es la Ley de Protección Integral de la Mujer, que tipifica muy claramente conceptos de Violencia. Del tipo:

Violencia Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.”

Y de las modalidades:

Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil;

Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral;2

Pero vamos a aclarar para quiénes no estén empapados/as en nuestra labor: el real disparador de este apriete surge luego de que como equipo de gestión comunicáramos a quienes integran el equipo de Visita Domiciliaria del Servicio que este dispositivo se suspendería momentáneamente hasta reorganizar las horas laborales de sus miembros y las actividades hechas. Este equipo está conformado por el médico de planta, Alexis Picech; la asistente social Cinthia Gómez, y el enfermero especialista José Luis Pacheco. No nos escucharon allí, ni posteriormente, además de acusarnos de autoritarias y hacer correr falsas acusaciones y palabras que nosotras nunca dijimos. El dispositivo de Visita Domiciliaria que debería ser clave en el asunto de reinserción social de usuarios y usuarias venía funcionando de manera irregular. Es decir, con excusas viciadas por parte de sus miembros y sin informes claros ni actualizados sobre el trabajo realizado. Desde el mes de octubre hasta la actualidad no han presentado ningún informe del trabajo realizado, no hemos firmado ni siquiera “un recibido”.

Otra acusación que corrió fuertemente como fundamento de este apriete fue que las compañeras Natalia Ortiz y Maira Puppo no podían ocupar su cargo por ser personal contratado. Vamos a decir, porque de nuestra parte sí nos tomamos el tiempo y la responsabilidad de consultar los términos legales, que esta idea no tiene fundamento escrito.

Con mucha resistencia por parte de este mismo grupo de personas, que pusieron trabas a cada uno de los procesos de transformación, tratamos de hacer. Organizamos cronogramas con el personal de planta para que cubran las admisiones, interconsultas, consultorio externo y la sala de internación con el objetivo de que cumplan al menos de 50% de su carga horaria (44hs la gran mayoría), se estaban modificando las normas del servicio conforme a las leyes vigentes, casi cotidianamente se intentaba obtener respuesta de las autoridades para conseguir mejoras en el edificio institucional que está en pésimas condiciones, fomentamos y acompañamos la reinserción social de los usuarios, habiendo en la actualidad sólo 5 usuarios de larga internación (crónicos), supervisiones constantes de nuestras prácticas con la Dirección de Salud Mental. Gestionamos la quita de tejido de nuestro servicio en pos de una verdadera salud mental para cada integrante del servicio y la comunidad. Además de apostar por la continuidad de las asambleas reales (dicho sea de paso, asambleas donde muchos de este grupo no asistían ni participaban), siendo este un lugar donde se planteaban líneas de trabajo en común. Planteábamos la toma de decisiones conjuntas apuntando a las relaciones horizontales y no verticalistas.

También hemos puesto de nuestro tiempo libre y recursos económicos propios para viajar a Resistencia y participar de las reuniones en defensa de los puestos de trabajo perdidos en estos últimos meses3 y que afectaba a dos de nuestros compañeros. También por fuera de nuestra carga horaria habitual, nos preocupamos por tener instancias de capacitación y buena calidad de formación para la residencia, gestionando espacios y siendo nosotras mismas instructoras. Aportamos en la refuncionalización de los equipos de internación, en pos de las externaciones de usuarios de largo tratamiento que se encuentran hace más de 20 años en el servicio.

Es de destacar también que en los últimos tiempos compañeras han sufrido acoso laboral y sexual por parte de un auxiliar de enfermería, situación en la que se intervino y en la actualidad el personal fue trasladado de Servicio. Otra vez vulnerándose los derechos de las mujeres. “Usan calcitas” escuchamos el otro día por los pasillos del establecimiento, otra muestra de machismo. ¿Y las igualdades?

Por último, luego de este terrible episodio vivido, los agravios por parte de Alexis Picech y Cintia Gómez continuaron hacia la compañera Natalia Ortiz al día siguiente. Hacíendo oídas, invadiendo el espacio común En un momento el médico Picech dice: “Ahora estamos en igualdad de condiciones”, solicitando guardar en su armario el acta de reuniones del Servicio; acta que está a cargo de Natalia Ortiz, última jefa de servicio, hasta que se haga entrega a las nuevas autoridades.

Tenemos algo para responder a esto: No. Está claro que no es así. No sólo porque nosotras tenemos la conciencia limpia como profesionales de haber cumplido con nuestro trabajo, nuestra carga horaria y nuestros objetivos por el bien común de este servicio sino también como personas, de jamás haber perseguido ni insultado individual o ideológicamente a ninguna compañera o compañero. La ética y el compromiso inalterado de incluir a usuarias y usuarios en un proceso de atención donde se los/as vea como persona sujeto de derecho con un trato especializado, digno y humanizado.

No. No estamos en igualdad de condiciones mientras la discriminación por género siga siendo un estandarte entre el personal masculino, y avalado o aceptado silenciosamente por las compañeras mujeres.

Dejamos en claro que esto no es una cuestión personal, es una situación de discriminación y desamparo que se vive sistemáticamente en nuestro servicio, como creemos sucede en muchas otras instituciones. Es la hora de no callarse, de tomar nuestra voz y decir lo que pasa sin miedo. Estamos convencidas de que llegó el momento de ir de frente y denunciar de frente; que es también hacer las cosas diferentes a como se hicieron anteriormente en la que este tipo de agravios a los derechos humanos eran naturalizados, callados y ocultados.

En un momento de crisis institucional y estatal en la que deberíamos estar unidos y unidas para la defensa de lo logrado, lo que más nos decepciona y duele es desde quiénes vinieron estas agresiones. Porque de las autoridades provinciales y del hospital hemos tenido la recepción políticamente correcta. De los gremios sólo la instigación para que esto ocurra.

Actualmente, el servicio de Salud Mental se encuentra acéfalo. El día martes 5 de abril no hubo personal médico que cubriera la guardia, y el área de Docencia e Investigación autorizó que los/as residentes de guardia se retiraran. Estas ausencias son las que marcan un enorme retroceso ya que hay un daño directo también en los/as usuarios/as que no recibieron la atención adecuada. Esperamos esta situación pueda revertirse lo antes posible.

Este tiempo de crisis y angustia personal nos hizo entender cuánto valor y peso tiene para toda una sociedad ese lema que ya todo un movimiento hizo propio: “Cuando tocan a una, nos tocan a todas”.

 

Nuria Benítez

Maira Puppo

Natalia Ortiz

Trabajadoras de Salud Pública del Chaco

 

  1. Persona que da uso de los servicios de Salud, término que está dentro de la nueva Ley de Salud Mental. ¡Las personas que acuden no tienen por qué ser pacientes! En el sentido de armarse de paciencia o de ser pasivos en esta lucha.
  2. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm. LEY DE PROTECCION INTEGRAL A LAS MUJERES, N° 26.485
  3. Se trata de las fuentes laborales que cayeron luego del cierre de los programas nacionales de Salud Mental y Médicos Comunitarios.

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