Basura: en medio del escándalo de corrupción Capitanich vuelve a contratar a Tecmasa

La empresa del detenido Carlos Huidobro, sindicado como “testaferro” de Jacinto Sampayo, prestará el servicio del 0800. El fiscal Sabadini cree que Tecmasa forma parte de un cartel creado para desviar fondos públicos.

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El intendente Capitanich adelantó que está todo listo para contratar a Tecmasa, implicada en la causa Lavado 2, para recoger residuos.

El intendente de Resistencia: Jorge Capitanich, volvió a defender la “renegociación” del contrato con la compañía Pimp SA encargada de la recolección de residuos, a pesar de no haberse firmado.

El convenio de renegociación, tal como fue expuesto por la Municipalidad ante la Justicia Federal, es un “borrador” redactado en marzo de 2015 que aún hoy no fue firmado por las partes.

Para Capitanich, la firma del nuevo contrato no tiene ninguna importancia porque de todos modos la empresa incorporó tres camiones e incrementó la frecuencia como se le había solicitado.

El contrato entre la Municipalidad y Pimp, firmado en 2014 durante la gestión de Aída Ayala, es materia de investigación en la Justicia Federal en la causa Lavado 2, en la que se señala a la exintendente y ahora diputada nacional como la jefa de una asociación ilícita dedicada a desviar fondos públicos a partir de contratos de obras y servicios públicos.

El eje de la imputación a Ayala es el presunto sobreprecio que se habría evidenciado en la sustancial reducción del monto del contrato más la ampliación de los servicios prestados por Pimp, que tan insistentemente expusiera Capitanich.

La renegociación con Pimp, tal como lo anunció el mismo intendente desde su despacho, se llevó adelante con Carlos Huidobro como representante de la empresa.

Hoy, Huidobro está detenidos, sindicado de ser el testaferro del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales: Jacinto Sampayo, también detenido aunque con prisión domiciliaria, al igual que su esposa: Mónica Centurión. La lista de detenidos se completa con su hijo Jacinto Sampayo; el abogado Alejandro Fischer y su esposa Fátima Rigassio, ésta última con prisión domiciliaria, quien aparece como socia fundadora de Pimp; el constructor Pedro Martínez y su hija Natalia Martínez Guarino, suegro y cuñada del secretario de Infraestructura de la Municipalidad: Diego Arévalo; y Rolando Acuña y Luis Escobar, vinculados a Pimp y las empresas de Martínez, también asiduamente contratadas no sólo por la gestión de Ayala sino también por la de Capitanich.

Entre sus primeras medidas, la jueza federal Zunilda Niremperger dispuso la intervención judicial de Pimp SA y Tecmasa SA, que también pertenecería a Huidobro, mientras Capitanich suspendía obras adjudicadas a ésta última, aparentemente, por la desconfianza surgida de las presuntas irregularidades ventiladas en la investigación.

Sin embargo, en una entrevista en Radio Libertad, el periodista Marcelo Tissembaum le preguntó al intendente si la “falta de confianza” no podría alegarse como causal de rescisión del contrato con Pimp, en vez de encarar la tan mentada renegociación. Pero él salteó la respuesta y aportó que eso recién podría ser tenido en cuenta cuando la Justicia se expida al respecto.

Mientras, Capitanich solicitó a la intervención una quita de la deuda que la Municipalidad mantiene con Pimp, y la firma de la renegociación pendiente desde hace más de dos años.

Pero el vínculo de la Municipalidad con las empresas sospechadas de conformar un cartel para quedarse con dinero público, no sólo no se disolvió sino que está muy lejos de disolverse. Así lo confirmó el mismo Capitanich al adelantar que Tecmasa SA, la empresa del detenido Carlos Huidobro, se presentó como oferente para la recolección de residuos no convencionales y que está todo listo para la adjudicación.

 

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