Basura: Bonadío citó a indagatoria a decenas de intendentes chaqueños

Investiga el destino de los fondos asignados por la Jefatura de Gabinete de Aníbal Fernández y Jorge Capitanich para el tratamiento de los residuos. El programa era nacional pero 1 de cada 4 desembolsos vino al Chaco.

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A fines de 2017 el juez Claudio Bonadío procesó a los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich y les trabó embargo por 3 millones de pesos.

Un centenar de intendentes de once provincias, la mitad de ellos chaqueños, fueron citados a indagatoria por el juez federal Claudio Bonadío, en el marco de la causa en la que se investiga el destino de los fondos remitidos por la Nación para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

En la misma causa están procesados por presunta administración fraudulenta los exjefes de Gabinete de Cristina Fernández: Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, ahora intendente de Resistencia.

El juez entiende que los intendentes no ejecutaron los proyectos y desviaron los fondos para otros fines, y muchos de ellos solicitaron más recursos que les habrían sido otorgados sin hacer una evaluación del plan.

Están convocados intendentes de Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y Chaco.

El programa demandó 604.529.670 pesos y se cree que esa es la suma de la defraudación. Para Bonadío hubo una “transferencia irregular de sumas de dinero de las arcas del Tesoro a municipios” para lo que denominó “supuestos proyectos” de remediación ambiental.

En la citación a indagatoria, se señaló a los intendentes como “partícipes de las maniobras” investigadas y se señaló que gran parte de los municipios “no cumplieron con lo acordado” en la aplicación de fondos que se giraban a partir de convenios autorizados por la Jefatura de Gabinete.

Durante los tres años que se investigaron, se presentaron 634 solicitudes, pero sólo 212 culminaron con las respectivas transferencias del dinero. La Ciudad de Buenos Aries, Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego no recibieron fondos. En cambio, municipios de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja obtuvieron el 79 por ciento de los recursos asignados.

La mayor desproporción entre el volumen de basura generado y la asignación de recursos se observa en el Chaco, donde fueron beneficiados 54 municipios con un monto total de 170 millones de pesos. Algunos de estos ni siquiera cuentan con un sistema de recolección de residuos regular.

Como consecuencia de esta situación, más de 50 intendentes y exintendentes fueron convocados por el juez.

La causa comenzó con la denuncia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del ministerio de Ambiente, después de un informe realizado por la SIGEN que detectó varias irregularidades: carencia de un mapa crítico de las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas de gestión de residuos sólidos, incumplimiento de requisitos exigidos para acceder al programa, falta de control interno en la ejecución de los proyectos, modificaciones e incumplimientos en la realización de las obras, entre otros puntos.

 

 

 

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