Auditoría en Educación: el Tribunal de Cuentas revisará los últimos cinco años de gestión

El informe encargado por Domingo Peppo alcanzará también a los últimos dos ministros de Educación de Jorge Capitanich. “Queremos ver la cuestión administrativa y financiera, no sólo si la gente trabaja o no”, aclaró el ministro Farías.

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El ministro Farías dijo que el objetivo es "saber qué hay adentro" y dijo que "hay situaciones que no son muy transparentes".

El último sábado, el gobernador Domingo Peppo había informado que el Gobierno había encargado al Tribunal de Cuentas una profunda auditoría en el Ministerio de Educación, tendiente a detectar irregularidades de todo tipo, aunque había hecho hincapié en la “flexibilidad” del horario de trabajo y las licencias que representaban un costo improductivo para el Estado.

“El mismo ministro me dijo que cuando llega un jefe descubre que de los cinco empleados de una dependencia sólo hay dos o tres trabajando. Y cuando pregunta por los otros le dicen que uno tiene que llevar los chicos a la escuela, que otro tiene que esperar a su mujer, o que no vienen temprano porque a esa hora no hay gente para atender”, ejemplificó.

En la mañana de este lunes, el ministro de Educación, Daniel Farías, dijo en Me Gusta Libertad que fue él quien le sugirió al Gobernador la necesidad de revisar el funcionamiento del Ministerio “para saber qué hay adentro y darle la mayor transparencia a la gestión”, y agregó: “… si bien conozco bastante porque hace varios años que estoy en el Ministerio”.

El funcionario contó, Peppo aceptó inmediatamente la idea y en conjunto se decidió solicitar esa tarea al Tribunal de Cuentas. “Ahí mismo hicimos la nota para el Tribunal, que contrató los auditores”, dijo y fundamentó: “Podríamos haber hecho una auditoría interna, pero preferimos hacerlo con un organismo que tiene la capacidad y la experiencia, y que además conoce perfectamente el funcionamiento de la cartera porque tiene que aprobar año a año los ejercicios”.

Para la auditoría se hizo un corte el 1 de agosto pasado, y se revisarán los últimos cinco años lo que significa casi dos años de la gestión de Francisco Romero y los casi tres de Sergio Soto, ambos, ministros de Jorge Capitanich.

“Queremos ver las cuestiones de carácter administrativo y financiero, no sólo si el personal cumple o no con sus funciones”, aclaró Farías. Sin embardo, apenas iniciado el relevamiento, ya admitió que “hay situaciones que no son las más transparentes”, y siguió: “Queremos convertir todo esto en algo transparente, que es lo que nos encomendó el gobernador Peppo”.

Paralelamente, el ministro negó que se haya iniciado una “caza de brujas”, y aseguró que el objetivo de la auditoría “no es decir que la gente trabaja o no”, pero reconoció que “hay ciertas anormalidades que tiene que ver con esa situación”.

Como ejemplo, dijo que ya se detectaron expedientes que “demoran demasiado en su finalización”, y confía en que este trabajo del Tribunal de Cuentas permita acelerar el proceso administrativo, entre otros objetivos perseguidos.

“Muchos me tildan de políticamente incorrecto por estas medidas, pero a mí me parece lo más lógico. Esto debería ser algo normal, no debería ser noticia”, sugirió Farías.

Las cuentas pendientes

El pasado 10 de agosto se publicó en el Boletín Oficial el dictamen del Tribunal de Cuentas con serias objeciones al ejercicio 2014, publicado entonces por HDP Noticias, donde se emplazaba a varios funcionarios, entre ellos el mismo ministro Farías, por el destino de 235 millones de pesos por rendiciones pendientes o pagos indebidos.

“Inicia Juicio de Cuentas al Prof. Ubaldo Fabián Núñez (DNI N° 14.930.763), Director de Administración a/c – Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología con Domicilio Real: Echeverría N° 537 – Resistencia, Chaco y al Prof. Daniel Oscar Farías (DNI: 18.275.858), Subsecretario de Educación, con Domicilio Real: Fray Capelli Nº 1.636 – Resistencia – Chaco; ambos con Domicilio Laboral en Gdor. Bosch N° 99 – Resistencia, Chaco, a quienes se les formula observaciones con alcance de Cargo, en forma solidaria, por la suma de Quinientos setenta y tres mil trescientos ochenta pesos ($ 573.380,00) en concepto de Saldo Pendiente de Rendición y/o Reintegro”, rezaba el capítulo que involucraba al funcionario.

 

 

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