Audiencia vaciada, empresa vaciada, bolsillos vaciados

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Por Juan García |

Las audiencias públicas son, legalmente, consultivas: el poder político fija las tarifas con aumento desoyendo, generalmente, las posiciones de los usuarios participantes. Esta característica antidemocrática se exacerbó absolutamente en la audiencia por el tarifazo de la luz. Consciente del repudio que han generado los aumentos, el Gobierno Provincial convocó la audiencia en un pueblo alejado, en un salón pequeño (100 asistentes) fuera de la órbita de las manifestaciones y reclamos masivos de los usuarios de Resistencia, Sáenz Peña o los otros grandes centros de la provincia. Para peor, convocó a una decena de “expertos” de empresas provinciales y asociaciones empresariales a apoyar la postura favorable al aumento, con lo cual el primer particular inscripto habló a cuatro horas de haber comenzado la audiencia.

En la propia audiencia, el Partido Obrero y otros usuarios denunciaron la situación, y se reclamó la realización de nuevas audiencias en Resistencia y Saenz Peña.

Pero el vaciamiento de la audiencia tiene una explicación: colocarla fuera del alcance de la movilización popular, cuando dos cacerolazos y numerosas movilizaciones –el mismo día hubo una convocatoria del PO y usuarios en Resistencia-, marcan el enorme descontento con los aumentos abusivos que ya se efectivizaron en la tarifa de luz, sin contar lo que se aprobarán (del 54% promedio) a partir de la audiencia.

Las características de las exposiciones dejaron en evidencia una crisis de fondo. Los representantes empresariales compararon las tarifas con el costo de otros bienes o servicios, pero todos omitieron cuidadosamente que para un aumento superior al 300% anual de luz, el aumento salarial no supera el 30% en casi ningún gremio. Se presentó un estudio de costos con lagunas visibles: por ejemplo, no se contabilizaron los convenios de promoción industrial, por los cuales la empresa provee luz en forma prácticamente regalada a grandes convenios multinacionales. Tampoco los incumplimientos de estas mismas multinacionales: la textil Santana debe a Secheep 23 millones de pesos, una deuda que no ejecuta por orden del Gobierno Provincial, según información del área de grandes usuarios de la empresa. Tampoco se informó el estado de cuenta de pago de las dependencias estatales, que tienen un atraso millonario. En nuestra intervención, reclamamos que se haga pública toda esta información.

Secheep aceptó, durante toda la audiencia, que pagarán el costo de la energía que provee desde febrero Cammesa (el consorcio empresarial encargado de administrar el suministro mayorista de electricidad). Ese mes, Aranguren estableció un mega aumento en el costo mayorista de la energía, que hace una semana fue suspendido por una medida cautelar de la jueza Forns, de Tres de Febrero, para todo el país. Ni Secheep ni,  por el momento, Cammesa, anunciaron que vayan a cumplir con la orden judicial de retrotraer la tarifa al 1 de enero, que fue lo que dictaminó la jueza para todo el país. Reclamamos en nuestra intervención el cumplimiento del fallo judicial. Tanto el Gobierno de Peppo como el de Macri se empeñan a fondo en un tarifazo ilegal, a la espera de un acuerdo con la Corte Suprema que permita legalizarlo.

El representante de Adeera –que agrupa a todas las empresas distribuidoras del país, incluyendo Edenor y Edesur, y que tiene presencia en Cammesa-, defendió con énfasis el tarifazo, aludiendo a la sustentabilidad del sistema eléctrico. Pero Edenor, que cobró durante toda la etapa kirchnerista subsidios millonarios, acaba de comprar Petrobras Argentina. ¿No será que el desvío abusivo de utilidades por parte de las empresas privatizadas es lo que está vaciando el sistema eléctrico? Debería investigarse si, en lugar de utilizar los subsidios para las necesarias inversiones eléctricas, se los desvió para un plan de expansión empresarial a costa del vaciamiento de la infraestructura eléctrica.

Lo mismo ocurre con Secheep. Un representante de la empresa reconoció durante la audiencia, que los subsidios de los últimos años no fueron a resolver los problemas de la infraestructura eléctrica provincial. ¿Dónde fueron entonces? Esto habría ocurrido por falta de control de esos fondos ¿Y quién controlará ahora que los recursos que paguen los usuarios se destinen efectivamente a las inversiones prometidas? Frente a este reconocimiento de partes, planteamos una auditoría independiente de las cuentas de la empresa para verificar el destino de los subsidios recibidos y establecer las responsabilidades por el desvío de los fondos.

La conclusión de los representantes de la empresa y el Gobierno es que los usuarios deben hacerse cargo de 875 millones de pesos de rojo de la empresa, pagando aumentos superiores al 54% sobre lo que ya se pagó. Para peor, anticipan para el verano el colapso de la infraestructura eléctrica del área metropolitana: ya anunciaron cortes programados, y anticiparon que la infraestructura no va a dar abasto por lo cual habrá cortes de luz en todos los horarios pico. La indignación popular es justa: el tarifazo, en las condiciones actuales, va a ir a financiar nuevos negociados empresariales, a costa de los bolsillos de lso trabajadores y del vaciamiento de la infraestructura.

El Partido Obrero se compromete a ser un factor de organización de esta movilización. Vamos por la anulación del tarifazo. Que se revisen integralmente las cuentas de todo el sistema eléctrico, para terminar con el vaciamiento empresarial. Que se anulen las concesiones onerosas a las privatizadas provenientes del menemismo y que se audite sobre la base de una comisión independiente de trabajadores y usuarios toda la contabilidad de Secheep para establecer cuál fue el destino de los fondos millonarios que recibió la empresa todos estos años y que no fueron a mejorar la infraestructura provincial.

 

 

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